En las últimas horas, Tamaulipas volvió a ser noticia nacional. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de varios implicados en el huachicol fiscal, así como la confirmación del arresto de Francisco Javier Antonio Martínez, exfuncionario del puerto de Tampico, pusieron el reflector sobre un tema que desde hace años carcome la vida pública y privada del estado y el país: la corrupción y la complicidad en el robo de hidrocarburos.
No es casual que estos anuncios ocurran justo en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria. El mensaje es evidente: el gobierno federal quiere mostrar que está actuando, que no cierra los ojos frente a un problema que ha dejado muertos, fortunas ilegales y una red de corrupción que involucra a empresarios, autoridades portuarias y actores políticos de todos los niveles.
El dilema, sin embargo, está en el tiempo. Porque si bien "nunca es tarde" para hacer justicia, también es cierto que el huachicol no nació ayer. Se incubó por años ante la mirada complaciente de quienes tenían la responsabilidad de frenarlo. Hoy, al sacar a la luz nombres y detenciones, el gobierno parece querer saldar cuentas con el pasado, pero la ciudadanía exige también respuestas hacia el presente y certezas hacia el futuro.
El caso es un recordatorio incómodo de que los discursos se desgastan cuando no se acompañan de resultados tangibles. Decir que el problema viene de hace 15 o 20 años no exime a la actual administración de su obligación de resolverlo. Y más en un estado como Tamaulipas, donde la línea entre gobierno, economía y crimen organizado ha sido difusa por décadas.
La visita presidencial, en este contexto, no debería quedarse en una postal política ni en un informe repetido. Debe ser la oportunidad para reconocer que el combate al huachicol —y a la corrupción que lo sostiene— requiere una estrategia más profunda, que vaya más allá de operativos aislados o anuncios coyunturales.
Se puede reconocer que hay avances, sin dejar de exigir que lleguen más lejos. Que se proteja a los ciudadanos, que se libere al sector energético del saqueo y que se restituya la confianza en las instituciones.
Al final, lo esperanzador sería que este domingo, desde Tamaulipas, no se dé un mensaje de coyuntura, sino un compromiso real de que el tiempo de la impunidad terminó. Y que, aunque tarde, se empieza a escribir una nueva página donde la justicia ya no sea la excepción, sino la regla.
