En las últimas horas, el tema del huachicol fiscal ha alcanzado un nivel de atención pocas veces visto en el contexto nacional e internacional. El eje central es el alto grado de corrupción que, a pesar del discurso oficial, parece no haber sido erradicada.
Esto último es aún más peculiar porque el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación se sustenta en un pilar como lo es la frase, “no somos iguales”, marcando, según ellos, una diferencia con otros gobiernos del pasado.
La trama ha dado un giro rocambolesco, con el presunto suicidio del capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fuera titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. Esta muerte, lejos de ser un simple detalle, se convierte en el eslabón más sombrío de una historia con más capítulos pendientes.
El epicentro de esta red criminal ha sido Tamaulipas, específicamente los municipios de Tampico y Altamira. Aquí, la complejidad de la operación no solo dependía de la complicidad de mandos navales y aduanales, sino de una aparente omisión y protección por parte de las autoridades locales y estatales.
El hecho de que un negocio de tal magnitud operara por años en recintos fiscales a plena vista, sugiere que existía una aparente inmunidad política que permitía la entrada ilegal de combustible sin consecuencias.
En la rueda de prensa del pasado fin de semana por parte de las autoridades federales, se defendió al almirante Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina del sexenio de AMLO, quién había denunciado "problemas" en la institución desde hace dos años.
Lo cierto es que fue precisamente bajo su gestión que la red de huachicol fiscal en los puertos de Tamaulipas creció, con la entrada de más de 30 buques y una red de empresas de papel para triangular las ganancias, todo llevado a cabo por familiares políticos, destapando un entramado que ha causado severos daños a la economía del país.
Todo parece indicar que al transcurrir los días quedarán expuestos más actores de una historia de corrupción e impunidad, sería importante por parte de las autoridades federales brindar mayor protección y medidas de cuidados especiales a los presuntos responsables, en aras de garantizar el éxito de la investigación, porque la información que aportan es de alto valor.
