Para este 2022 el congreso local aprobó un presupuesto de $56,888 millones de pesos, de los cuales 33% será para el pago de la nómina, 28% para transferencias a los organismos autónomos y descentralizados, así como para el pago de subsidios y ayudas sociales, 15% serán recursos etiquetados para los municipios, 10% para el pago de la deuda, solo 6% para inversión pública y el resto para otros conceptos.
Pero si la deuda contratada por los Estados, debe tener como único fin la construcción de infraestructura que detone la competitividad ¿Cómo es posible que este año se vayan a pagar $5,674 mdp al pago de la deuda y $3,589 mdp a inversión pública?
Desde el 2011, el gobierno estatal ha destinado en promedio el 9% de todo su presupuesto anual al pago de la misma, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Porque si llevamos más de 11 años pagando la mega deuda, en lugar de reducirse, está incrementando?
Al adentrarse en el presupuesto, se encontró que en abonos a capital solo se destinarán $1,949 mdp, al pago de intereses se destinarán $2,596 mdp, entre gastos y costos por coberturas se erogarán $659 mdp y de adeudos anteriores se gastarán $470 mdp… en resumen, los recursos son destinados mayoritariamente al pago de intereses, pateando el bote para que administración tras administración sigan con la carga fiscal que les representan estos pasivos.
Al cierre del 2021, la deuda con los bancos fue de $39,326 mdp y la deuda que se tiene con los proveedores es de $5,285 mdp, lo que nos da una deuda total de $44,611 mdp, cifra que teniendo como pretexto los recortes federales y la crisis económica, ha venido en aumento y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del gobierno.
Más allá del golpeteo político, se debe poner sobre la mesa el futuro de los Coahuilenses, ya que año con año se destina más y más al pago de la deuda haciendo evidente que las “reestructuras financieras” no sirvieron de nada, y lo más lamentable es que para llenar el boquete que deja la deuda, se le tiene que recortar el presupuesto a salud, educación, desarrollo social e inversión pública.
