Karla Estrella no tiene cargo público ni partido. Es una ciudadana sin fuero, sin presupuesto y sin respaldo político. Y aun así, fue sancionada por presunta violencia política en razón de género, tras una publicación en redes sociales. El castigo: disculpa pública diaria durante 30 días e inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
Pero aquí viene la ironía. La sanción le exige disculparse públicamente todos los días, aunque no puede mencionar a la persona a quien debe pedir perdón. ¿La razón? El nombre de la denunciante es dato protegido.
Sí. El mismo sistema que ordena la exposición de una ciudadana en listas oficiales y notas de prensa, le impide nombrar a la persona que la acusó. Una contradicción que desnuda la lógica desigual de nuestro marco legal: se protege la identidad de quien acusa, aunque tenga poder político y representación pública; pero no se reserva el nombre de quien, sin poder alguno, apenas opinó.
Y no es menor: hasta hoy, sigue sin quedar claro si lo que expresó Karla fue realmente violencia política, o si fue una crítica incómoda, como tantas que circulan diariamente en redes sociales. El debate jurídico está abierto, pero la sanción ya fue ejecutada.
Mientras tanto, otras agresiones —más claras y desde el poder— siguen impunes. En mi caso, como en el de muchas otras, he sido blanco de comentarios misóginos por parte de diputadas y diputados. Desde tribunas oficiales, con recursos públicos, se lanzaron descalificaciones en mi contra. ¿Hubo sanción? Ninguna. ¿Se consideró violencia política? No. Porque no tengo cargo de elección popular, y bajo ese criterio, no soy sujeta de protección.
Ese doble estándar es el verdadero problema. Cuando quien opina es una ciudadana sin cargo, el sistema actúa con rapidez. Pero cuando quien agrede es una autoridad, se impone el silencio, la omisión o la justificación.
La violencia política de género debe sancionarse, sí. Pero también debe definirse con claridad, evitar su uso selectivo y garantizar que no se convierta en un instrumento para castigar a quienes simplemente piensan distinto o carecen de poder.
Lo que está en juego no es solo el nombre de Karla Estrella, ni la validez de una sanción. Es la coherencia de un sistema que dice proteger a las mujeres, pero solo a algunas. Que aplica la ley con rigor, pero solo contra las voces ciudadanas. Que exige disculpas, pero impide nombrar a quien las demanda.
Y eso —aunque no esté en ningún reglamento— también es una forma de violencia.
