El futuro de la democracia es la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Cada vez más, en los regímenes democráticos crece la demanda ciudadana de no solo elegir a sus gobernantes, sino de participar de manera directa en la toma de decisiones de sus autoridades.
Para ello se han diseñado diversos recursos que permiten a las y los ciudadanos tener bajo su control directo la aplicación de una ley, la instrumentación de una decisión del Ejecutivo e incluso la vigencia de una resolución judicial.
Estos recursos en manos de la ciudadanía son un mecanismo de control, de pesos y contrapesos de la democracia representativa indirecta, la cual parte del supuesto de que el electorado, mediante su voto, puede delegar su voluntad a una tercera persona, para que a nombre suyo tome decisiones en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
Esta concepción de que el voto es un cheque en blanco para que gobernantes, legisladoras, legisladores y personas juzgadoras tomen decisiones a nombre de la ciudadanía es precisamente el error de diseño que la democracia participativa directa busca corregir. Sobre todo, cuando la democracia en muchas partes del mundo tiende a devenir en una oligarquía o a ser secuestrada ya no por una persona (como era en los regímenes autoritarios o tiranías puras), sino por grupos sociales y políticos que utilizan el poder para servir a sus intereses particulares.
Hablamos de prevenir en México las desviaciones y los excesos más conocidos de la democracia representativa indirecta, como la partidocracia, el corporativismo, el clientelismo electoral, la burocratización política y toda clase de intermediación entre la ciudadanía y la autoridad.
La democracia participativa directa pone freno y corrige algunas de las insuficiencias o desviaciones de la democracia representativa indirecta.
Por ejemplo, el plebiscito es el contrapeso a una ley que pudiese ser lesiva para la mayoría de las personas gobernadas; el referéndum es un freno a una decisión impopular del Poder Judicial; la iniciativa popular es el antídoto de decisiones unilaterales del Ejecutivo; la consulta ciudadana es el regulador de todos los órdenes de gobierno, mientras que la revocación de mandato es la salida civilizada y democrática para un mal gobierno. Es la forma pacífica y legítima para terminar de manera anticipada un contrato de prestación de un servicio público (eso es el gobierno) que no satisfizo a quien lo contrató, es decir, al pueblo.
Someter a consulta la vigencia de un gobierno —en este caso, la presidencia de la República— es un avance histórico sin precedente. Si la demanda nace de la ciudadanía gobernada, se llama revocación de mandato. Si el planteamiento proviene del Ejecutivo, sería ratificación de mandato.
Para que el resultado sea vinculante, deberá participar en la consulta al menos 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral, y la revocación de mandato solo procederá si se alcanza la mayoría absoluta (es decir, la mitad más uno del total de votantes).
Quienes deseen que el presidente AMLO concluya su mandato antes de 2024 tendrán la oportunidad histórica en marzo de 2021 para hacer realidad su deseo. Pero también quienes luchamos y creemos que la transformación va por buen camino tendremos la posibilidad de ratificar esa voluntad y demostrar que somos mayoría.
Ricardo Monreal
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@RicardoMonrealA
