Un año más que pasa y en el que al menos una de las uvas estará destinada a pedir por una justicia más incluyente porque hoy parece aferrarse a no llegar a todas las personas. En 2021 el Instituto de Innovación Legal de La Haya (HIIL) analizó el uso de tecnología para el acceso a la Justicia en 68 países. Dicho estudio arrojó entre sus principales resultados que lo más atendido a partir de esas soluciones tecnológicas fueron situaciones penales (18%), mercantiles (14%), familiares (8%) y civiles (8%); los más beneficiados fueron gobiernos (14%), población urbana (11%), despachos jurídicos (11%), y pequeñas y medianas empresas (10%). Las principales innovaciones aprovechadas fueron portales electrónicos (22%), redes sociales (22%), sistemas electrónicos de gestión de casos (15%), inteligencia artificial (15%) y blockchain (15%).
Uno de los principales mensajes de ese estudio es el gran reto para esta generación de cambios tecnológicos: el 67% de las innovaciones implementadas excluye a las personas sin acceso a la tecnología. Y es la conclusión de los peores momentos pandémicos parecían ser la luz al final del túnel en la relación tecnología-justicia para llegar a más gente; sin embargo, al menos en México no ha sido el caso. Basta con ver que a principios de mes las prioridades tecnológicas eran desplazadas por una huelga en el poder judicial de la CdMx por no pagar salarios ni aguinaldos. Pero por si fuera poco, antes de navidad, en el Poder Judicial Federal se presentó algo aún más grave: la denuncia por plagio en tesis de licenciatura en contra de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una situación que en otros países hasta el congreso llama al responsable a rendir cuentas y a enfrentar consecuencias reales. Pero en México eso no pasa y es más fácil que una representante del más alto tribunal del país se sume a una defensa de esas que México conoce muy bien y que en una de mil mañanas todo mundo ya habrá escuchado al menos en parte. Sin evidencia mínima, sin un gramo de respeto al artículo 49 constitucional que describe la división de poderes, sin argumentos, sin ética, vaya, sin coherencia entre lo que tanto se ha dicho y tanto ha hecho falta.
El poder judicial mexicano vive retos que lamentablemente no serán la innovación, la tecnología, ni buscar atender a todas las personas que no tienen acceso a justicia por múltiples razones entre las cuales está la tecnología. Es imposible pensar en implementar soluciones de primera cuando persisten problemas de cuarta.
Ricardo Corona
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