El mercado de combustibles estaba basado en la buena fe de cada parte, pero al haber fallos, se ha implementado una mayor regulación, la cual dependerá de la buena voluntad de hacer lo correcto por parte de funcionarios públicos y entes privados que, en conjunto, son parte del mercado; el beneficio es para el consumidor final y en general la nación, al dejar dejar de lado la comercialización corrupta de combustibles.
A escala mundial, el robo de combustible, la adulteración y el fraude de importación es de alrededor de 133 mil millones de dólares anuales.
El robo de combustible representa en el mercado mundial entre 5 y 7 por ciento. El fraude en ventas es de al menos 10 por ciento, con graves consecuencias para la recaudación de impuestos y las empresas del sector.
México es uno de los más afectados a escala mundial; esta actividad se ha consolidado como una de las grandes batallas en materia de seguridad para el país.
La reforma energética creada en 2012, para la apertura del mercado mexicano en 2015, trajo consigo una oportunidad para algunos que no quisieron tener un mercado legal. Aprovecharon claroscuros de forma dolosa que servidores públicos, junto con los privados, aprovecharon para crear un gran mecanismo de ilegalidad, generando corrupción en el mercado.
En México, existen dos formas de robo y fraude:
La primera se refiere al robo de combustibles en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), un delito realizado por más de dos décadas. Consiste en perforaciones a los ductos, por donde se extrae, a través de válvulas instaladas, el combustible. La estadística indica que cada dos horas hay una perforación a algún ducto, comprometiendo la estabilidad del ducto y su resistencia; además merma la operatividad, trayendo como consecuencia una disminución de la vida útil del ducto. Esto pone en riesgo a las personas que están cerca de los ductos.
Esta forma de sustracción no es nueva, ya genera pérdidas a Pemex de 30 a 40 mil millones de pesos anuales en promedio, y en este valor no está considerado el costo de reparación del ducto. De esta forma, según investigaciones realizadas por las instancias gubernamentales, existe la posibilidad de una colusión con los funcionarios públicos de la empresa del Estado, quienes pueden hacer las perforaciones, pero es complicado demostrarlo.
La segunda forma de delito, la cual presentó un mayor incremento, entre 2020 y 2025, se refiere a la importación de combustibles, la cual resulta en un fraude cuando se declara la importación de ciertos productos que no pagan IEPS debido a que están exentos, como lubricantes y aceites residuales. Así, se altera el proceso de importación, indicando que no es un combustible (gasolina o diésel), y así se introducen al país, por vía terrestre o marítima, a través de las aduanas. Esto crea una alta corrupción entre los encargados y algunos agentes aduanales. Lo que cierra este mecanismo de distorsión son algunos agentes del mercado mexicano de combustibles que comercializan, distribuyen o venden al público estos productos fraudulentos.
Esto ha creado una pérdida de mercado para Pemex, además de una para el erario de entre 100 a 150 mil millones de pesos anuales debido a que no se paga la entrada de cada combustible.
Ya se han realizado actualizaciones en acuerdos, normas y reglamentos con el fin de bajar el robo, fraude y alteración de combustibles, donde destaca que todas las unidades que transportan combustible deben tener un sistema de posicionamiento (GPS), el cual provee de información en tiempo real a las instancias que regulan el mercado; además de datos históricos de cada unidad, desde su origen de carga del combustible hasta el final del punto de entrega para su venta.
El nuevo reglamento de la ley del sector de hidrocarburos indica que los permisos de comercialización estarán acotados a no más de dos años y deberán indicar, por medio de un contrato, a quién vende, cuánto y dónde se entregó.
Estas dos modificaciones ayudarán a conocer la trazabilidad real de cada combustible, y en el caso de ser importado, ahora existirá la figura de corresponsabilidad del agente aduanal sobre el producto importado; en caso de descubrir algo habrá un corresponsabilidad directa.
En el papel funciona, pero en la realidad dependerá de la credibilidad, ética y, sobre todo, el compromiso de cada funcionario público que tiene que interactuar en cada parte de la cadena del comercio de los combustibles; todos deben ayudar a cumplir lo suscrito en cada página emitida en los últimos meses.
Ante lo anterior, hemos realizado un análisis, sobre el volumen y montos en el último lustro, donde se detectó a México como uno de los mercados con más delitos.
En el reporte del tercer trimestre de 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encontró que “desde enero de 2020 se había observado un incremento en las importaciones de lubricantes, sin ningún sustento en la actividad económica; en la demanda máxima de mercado del propio producto o en el movimiento observado de ventas de combustibles. Estos productos no están sujetos al pago de IEPS, por lo que son usados como medio de evasión y entran al país a través de las aduanas terrestres”.
Este comentario surgió porque la demanda promedio de lubricantes observada era de 15 mil barriles diarios. En 2020 creció a 63 mil, un incremento de 48 mil barriles, en comparación con la demanda anterior. Esta diferencia es muy similar a la discrepancia entre los reportes de la Secretaría de Energía (Sener) y la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA). En 2021 las importaciones alcanzaron un promedio diario de 101 mil barriles de lubricantes, cifra que supera en 86 mil barriles la media del consumo diario en el mercado.
Entre 2013 y 2019 la diferencia observada entre los reportado por la Sener y EIA en para el diésel era de no más de 1 por ciento; sin embargo, a partir de 2020 a 2025 fluctuó entre 15 a 30 por ciento, esto significa que entraba por las fronteras terrestres o vía puertos el diésel declarado bajo otro tipo de producto. En 2021 se presentó la mayor diferencia, de 30 por ciento, y en 2024 fue de 20 por ciento.
Entre 2020 y 2025 se estima que no fueron declarados alrededor de 15 mil millones de litros de diésel, esto representó alrededor de 63 mil millones de pesos que no entraron al erario por no declarar el IEPS (sin contabilizar el IVA). Esto significa que si estos litros hubieran sido importados por medio de unidades de transporte (pipas), habrían entrado al país cerca de 305 mil (800 unidades por día). Pero si hubiera sido por carrotanques, serían 155 mil (75 carrotanques por día), y por puertos, 310 barcos (tres a cuatro por mes).
El mercado mexicano está en el octavo lugar respecto a la demanda referente a la gasolina; en diésel está en el número 12, con un monto de 2.8 billones de pesos respecto al mercado de combustibles, donde los impuestos representan entre 30 y 35 por ciento de ese monto. En caso de controlar el robo y el fraude, es posible que puedan ingresar al país entre 200 a 300 mil millones de pesos al erario para mejorar el balance presupuestario y reducir el déficit. Además Pemex tendría una mayor cantidad de ingresos debido a que el mercado estaría con un mayor piso parejo al reducir el combustible que se comercializa de forma ilegal.
