En los días que corren, la cultura de la cancelación cobra carta de legitimidad entre los usuarios de redes sociales, a consecuencia de expresiones social y políticamente incorrectas, fundamentalmente discriminatorias. Se trata de una reacción colectiva de activismo consciente sobre determinados cánones de conducta basados en la justicia social y valores democráticos.
¿Cuánto de ello se opone a la libertad de pensamiento? Siempre y cuando no se altere el orden público, las ideas y pensamientos expresados en cualquier foro deberían ser objeto de respeto hacia la persona que los pronuncia.
¿Qué es el orden público? La convivencia pacífica y el libre ejercicio de derechos y obligaciones de los entes que conforman la sociedad. Todo aquello que se oponga a la convivencia pacífica de unos y otros individuos sociales es una alteración del orden público.
Quienes cancelan al emisor de un comentario homofóbico, por ejemplo, están previniendo la alteración del orden público, pues la ley exige trato igualitario para cada persona, sin importar su identidad o creencias.
Sin embargo, ¿qué sucede con quienes expresan opiniones que no gustan a la mayoría, pero que en sí no representan una afrenta social que vulnere la convivencia, salvo por la desmedida reacción de unos cuantos ofendidos?
He aquí el punto sustancial del diálogo público en torno de nuestras convenciones sociales: ¿hasta dónde respetar el derecho a la libre expresión de las ideas sin que esa expresión altere el orden público?
En el hoy, ese diálogo aparece fragmentado y llama a la concordia sin la eficacia de un acuerdo consensuado, sino con la legitimidad que dan las conclusiones de unos cuántos representantes de la sociedad. Así, se adoptan eufemismos para designar a personas con enfermedades raras o discapacidades, personas de preferencias sexuales diversas o mujeres conscientes de sus derechos, y se pretende que todos, en el nivel del lenguaje cotidiano, adoptemos sus convenciones lingüísticas, por citar solo ese ámbito.
Hay prisa porque todas y todos adoptemos ese convencimiento, por ende, todo aquello que se oponga será censurado, en aras del acuerdo imperante, que no debe ser cuestionado hasta que no pruebe su eficacia.
La libertad de pensamiento y la honestidad intelectual que lo sustenta deben adaptarse a este marco de actuación, so pena de ser sancionadas con el acallamiento de los actores encargados de preservar los acuerdos.
Así ha sido siempre, no veo yo nota de escándalo, pero quise traerlo a este espacio para recordar que hoy en este orden ni la libertad es tanta ni la censura es santa.
