Hoy las noticias relacionadas con el aniquilamiento de líderes de opinión se suceden con una frecuencia macabra: un periodista acallado a balazos, un alcalde ejecutado, un luchador social desaparecido… Cada titular de prensa es un recordatorio sangrante de la realidad que el discurso oficial se empeña en negar: detrás de esta crisis de violencia en México, que supera lo meramente delictivo para convertirse en una falla estructural, yace un fenómeno más insidioso y peligroso: el sistemático debilitamiento de los pilares que deberían contenerla; es decir, no es solo la acción de los violentos, sino la omisión—y a veces, la complicidad—del Estado.
La estrategia de seguridad desde 2018, basada más en la contención que en la confrontación, ha permitido que los cárteles se fortalezcan, diversifiquen sus economías ilícitas y disputen territorios con una ferocidad impune; pero esa impunidad no es un vacío casual: es un ecosistema cultivado por instituciones de justicia raquíticas, ministerios públicos colapsados y corporaciones policiacas abandonadas a su suerte.
Un delito sin castigo es una invitación a repetirlo.
La violencia no solo opera en el ámbito físico, sino también en el simbólico. El asesinato de periodistas y líderes sociales no es un daño colateral: es una estrategia calculada para eliminar la crítica, acallar las voces incómodas y borrar los testimonios de corrupción y barbarie que conllevan. Es aquí donde la respuesta del Estado resulta más alarmante, pues lejos de fortalecer los mecanismos de protección, asistimos a un ataque frontal contra los espacios de disenso. La estigmatización en conferencias de prensa, la intromisión en centros académicos (el CIDE no es un tema olvidado) y la negación constante de la crisis crean una narrativa oficial separada de la realidad ciudadana.
Esta ofensiva contra la crítica no es un tema secundario, ya que es la pieza clave para entender la incapacidad gubernamental de mantener la paz social. Cuando se desmantela la vigilancia ciudadana, se oscurece el panorama; cuando se criminaliza al mensajero, se pierde la capacidad de diagnóstico. El gobierno federal, obstinado en controlar el relato en lugar de enfrentar los hechos, construye una pax illusoria: un mundo imaginario de números oficiales que chocan con el miedo que se palpa en las calles, una paz donde las frases esperanzadoras son devoradas por el silencio cómplice que deja la impunidad.
México no se rompe solo por las balas de los cárteles; se fractura por la erosión de su estado de derecho, por el abandono de sus instituciones civiles y por el silencio deliberado que se impone sobre el grito de las víctimas.
No hay exageración en esto. Hasta que no se reconozca que la primera línea de defensa contra la violencia es una prensa libre, una intelligentia independiente y una sociedad civil protegida, cualquier promesa de paz será solo eso: un espejismo en un desierto de sangre e indiferencia.
