El informe de Claudia Sheinbaum con motivo de su primer año de gobierno estuvo cuidadosamente tejido alrededor de una clara exposición de un nuevo modelo de desarrollo imperante desde 2018.
En primer lugar, se ha venido construyendo un Estado de Bienestar, con orígenes quizás fincados en el programa de solidaridad, pero claramente diferenciados en esta vez, donde el acceso a los programas es universal y directo, sin intermediación política. En este modelo, se consolida con la presidenta la disponibilidad de la educación universal con becas a todos los niveles de instrucción, y ampliación de infraestructura para asegurar que cualquiera que quiera educarse pueda hacerlo. Tal vez a nivel universitario aún existen barreras de cupo, pero la construcción de preparatorias y universidades es prioridad de su gobierno, según quedó claro en su informe. Lo mismo está sucediendo en el rubro de acceso a la salud, donde el número de camas se ha duplicado, y la educación médica se ha favorecido en todo el país. Aun así, considero que ahí el reto es mucho mayor, por la aún baja disponibilidad de clínicas y hospitales, pero sobre todo la falta de médicos y la calidad de la atención, lo que hace que la población de todos los estratos prefiera endeudarse e ir a una consulta privada. Lo he visto en las comunidades más pobres de Chiapas y el Estado de México, y convencer a los pobres que se atiendan en una clínica del bienestar será tarea mayúscula. La provisión de medicamentos también significa una tarea gigantesca, donde la presidenta anunció el abasto del 90 por ciento para clínicas de primer y segundo nivel. Aun así, cada vez es más evidente que dicho abasto enfrenta problemas de silos de monopolios de medicamentos por parte de algunos proveedores privados, y “huachicol de medicamentos” donde en algunos lugares el número de medicinas enviadas sufren una merma promedio del 45 por ciento, según expertos en la materia. En el rubro pensionario, la oferta universal de pensiones para adultos mayores e incapacitados es un logro significativo, donde el gobierno de la presidenta ha añadido el segmento de mujeres de 60 años.
Otros reto importante en el nuevo modelo es que el gasto público en salud y educación no son suficientes, comparados con los países de la OCDE. En México se está gastando en salud el 3% del PIB, mientras que el promedio en la OCDE es del 9 por ciento. En el rubro de educación el gasto público en México representa un 4% mientras que en los países de la OCDE es del 5%. Para llegar a esos niveles, principalmente en salud, los ingresos del gobierno, en especial los tributarios, necesitan crecer. En este rubro desde 2018 los ingresos tributarios como porcentaje del PIB han llegado a ser el 14.6 por ciento del PIB, aunque en países de la OCDE representan el 34 por ciento. Es por esto que las reformas a la ley aduanera y la ley de amparo tienen el objetivo de mejorar la recaudación que se evita con trucos arancelarios en el caso de las aduanas, y especializaciones legales que mandan a muchos años la recuperación de impuestos de deudores morosos.
El modelo se complementa con el crecimiento en el ingreso derivado de los programas, que se traduce en consumo y demanda al sector privado, que a su vez aumenta sus ventas y sus ingresos.
Falta ver que la recurrencia de este modelo se traduzca en crecimiento. La presidenta anunció que se estima un crecimiento del PIB del 1.8 por ciento, número que necesita crecer para remontar el magro crecimiento promedio del 2 por ciento que México ha tenido desde 1970.
