El día de ayer fueron aprobadas las reformas a la Ley de amparo. El debate volvió a reflejar dos ideologías opuestas: la de aquellos que sostuvieron el poder hasta 2018, acostumbrados a un acomodo entre la actividad público-privada, y a la coalición que sostiene el poder desde entonces, bajo, entre otras, la premisa de separar el poder económico y el poder público. En el escenario anterior, es fácil concebir “tratos” entre los empresarios que sostenían la dinámica económica, y el Gobierno, en una especie de compartimiento del poder público entre ambos. Así, la regla era otorgar prevendas de exención de impuestos a empresas clave para la economía. Así, también era normal que esas empresas tuvieran deudas con el fisco extendidas a través del tiempo mediante “trucos” que utilizaban huecos en la ley de amparo. La actual administración se ha especializado en deshacer esos nudos de la ahora inaceptable alianza público-privada que favorecía a grupos privados. Es por eso que esos aumentos eran permitidos por las empresas poderosas, porque no les aplicaba. El divorcio exhibido ha permitido que el gasto gubernamental pueda mantenerse creciendo por arriba del crecimiento del PIB, sin tener que recurrir a reformas fiscales que aumenten la recaudación mediante aumento en impuestos. En su lugar, son múltiples y públicas las recaudaciones de grandes contribuyentes que tenían inmunidad fiscal, aumentando la contribución en muchos miles de millones de pesos. Esta práctica gubernamental de ir por los grandes deudores morosos ha llevado a algunas de las modificaciones de la Ley de Amparo que ayer se aprobó. Mediante esta reforma, se impide que acudiendo a su derecho de amparo, los deudores fiscales renueven sus amparos a través del tiempo.
El otro incentivo para modificar la Ley de Amparo radica en la imposibilidad que, la ley que se reforma, representa para castigar y perseguir al crimen organizado. En el escenario anterior, la UIF iniciaba un acto de corrección inscribiendo en listas negras a sospechosos de actividades de lavado de dinero, y congelando sus cuentas. Los sospechosos acudían al recurso de amparo para desbloquear las cuentas, y ser eliminados de las listas negras. Así, la UIF ha acatado la actual ley imponiéndole cerca de 1500 suspensiones definitivas de la orden de bloqueo de cuentas, y otra suma igual de borrar a los amparados de las listas negras, perpetuando las actividades criminales bajo la ley de amparo. Actualmente, todo ciudadano que dentro de un plazo perentorio pruebe que el origen de sus recursos es lícito, logrará la suspensión. Los que no puedan, tendrán qué mantener sus cuentas bloqueadas, solamente pudiendo sustraer de éstas deudas por pagar o gastos básicos.
Es obvio que mediante esas reformas se establecen excepciones al derecho de amparo, bajo circunstancias que prueben que usan su derecho de amparo para delinquir y perpetuar sus actos delictivos, incluida la evasión de impuestos. Por supuesto, esto fortalece al estado en su posibilidad de imponer la ley. Son actos de excepción, de ninguna manera generalizados a toda la población. En ese sentido, se introdujeron y aceptaron modificaciones a la presente reforma, que no incluyan dentro de las excepciones a la ciudadanía en general, como es el excluir de causas de amparo legítimo a aquellas personas físicas y morales que hayan obtenido licencias de otorgamiento de servicios antes de una prohibición de los mismos, como es el caso de los empresarios del transporte público.
Y, por supuesto, se eliminó la cláusula transitoria de retroactividad de la reforma, propuesta por la cámara de senadores.
Para mí, pues, que las medidas fortalecen el estado de derecho, esta vez del Estado a impedir que se use la ley de amparo para evadir sus obligaciones de cumplir con la ley.
