Ninguna persona desea pasar por la dolorosa experiencia del aborto en algún momento de su vida.
A pesar de esto, el Instituto Guttmacher ha estimado que más de la mitad de los embarazos no planeados en México, terminan en un aborto inducido, en condiciones de clandestinidad.
Un factor que contribuye a que la tercera causa de muerte materna en nuestro país sea el aborto.
Actualmente, solo 12 de las 32 entidades federativas: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, sin necesidad de que se justifique la decisión.
Algunas de estas entidades lo despenalizaron por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde 2021, en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, la Corte razonó que el producto de la gestación merece una protección que se incrementa a medida que avanza el embarazo.
Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad
reproductiva.
Por lo tanto, el Pleno determinó que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. Sentencia aprobada por más de ocho votos, lo que le dio el carácter obligatorio para la totalidad de las juezas y los jueces
locales y federales.
En el resto del país, la resolución del amparo en revisión 267/2023, ordenó la eliminación del delito de aborto en el Código Penal Federal, lo que hizo posible que todas las personas con capacidad de gestar que soliciten un aborto puedan acceder a este servicio en los hospitales del IMSS, Issste, Pemex y cualquier institución de salud federal en todo el país.
Este avance en la garantía de los derechos reproductivos es posible gracias a organizaciones civiles con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista que, desde una perspectiva de derechos humanos y junto con otras organizaciones, participa en la implementación de una estrategia jurídica a través de amparos contra las normas de las 20 entidades que aún sancionan a las mujeres que abortan sin cumplir con las absoluciones previstas en la ley local.
Por lo que, se augura que, en poco tiempo, las penas para las personas que abortan voluntariamente antes de las 12 semanas, aún vigentes en México, se eliminen.
En Tamaulipas, este sensible asunto pronto será analizado en foros y mesas de diálogo con activistas y grupos de colectivas, cuidando de no politizarlo; así lo anunció la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local.
Un importante ejercicio para la sensibilización y socialización de los criterios jurisdiccionales, así como de la información sobre el impacto de las reformas en la salud de todas las personas.
No obstante, debemos recordar que, la Constitución Federal, en su artículo 35, fracción VIII, apartado 3°, prohíbe que la restricción de los derechos humanos sea materia de consulta popular.
Y así, como todos los derechos humanos para todas las personas; el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sobre su cuerpo, no se consulta; se garantiza.
