La situación en Francia se torna compleja. El Gobierno, encabezado por la dupla del presidente Macron y la primera ministra Borne tomaron la decisión de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
La medida generó manifestaciones enardecidas en las calles no solo de París, sino de diversas ciudades medianas, y se complicó debido a la siempre cuestionable intervención policiaca violenta para tratar de contener a los manifestantes.
Una lectura simple indica que el presidente tocó derechos que le son muy queridos al pueblo (las jubilaciones son un factor estructurante del estilo de vida francés) y la gente reaccionó haciendo sentir su descontento en las calles.
Sin embargo, se requiere una visión más profunda. No solo es el contenido de la reforma lo que molesta, sino también el método que se utilizó para ello: Se activó lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 3 de la Constitución que permite que el gobierno en turno “se haga responsable” de una reforma que ha sometido a debate en el Parlamento, de tal suerte que se adopte sin llegar a ser votada.
Así, la población se siente traicionada no solo porque el presidente que reeligió el año pasado adopta una medida que les afecta en su calidad de vida, sino porque le saca la vuelta al contrapeso legislativo del que lo dotó también por la vía electoral y que hace que no cuente con la mayoría absoluta que requiere para tomar las decisiones. De tal suerte, el respaldo condicionado que le otorgó en las urnas, fue sobreutilizado por un Macron que encontró formalismos institucionales para no atender la vía parlamentaria.
Por ello, a la crisis de las finanzas públicas y patrimoniales, se sumó otra de carácter institucional. El pueblo soberano, en esta versión que solía ser ejemplar de democracia representativa, exige estar más presente en el proceso de toma de decisiones públicas y busca asimilarse más a los métodos de su vecino helvético, toda vez que percibe que su mandato hacia sus representantes no es suficientemente claro para hacerlos actuar en consecuencia.
Mientras eso ocurre, toman las calles y el Estado se manifiesta en su más pura acepción: reclamando para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza.
