La escena me pareció rara, por no decir turbia. Este cobrador que llegó a una tienda de insumos agrícolas en una comunidad semirural de la capital del estado no repara en interrumpir a la propietaria en su atención a los clientes del lugar. No solicita el pago, lo exige. El rostro de su interlocutora se vuelve tenso. Le arrebata 700 pesos mientras garabatea un cartón y se retira en su moto.
Mientras lo veo marcharse, me percato que su vehículo no trae placas; tampoco usa casco. Viste una camiseta tipo polo algo desgastada, tenis y pants y lleva una bolsa tipo bandolera cruzada al pecho que en ningún momento abrió, pues el dinero lo guardó en una cangurera que se ciñe a la cintura, donde según se vio, guarda más billetes y varios celulares.
Tan rápido como llegó, se fue. E igualmente, en cosa de semanas, el comercio empezó a lucir cada vez más desabastecido hasta que finalmente cerró su cortina.
¿El motivo? La propietaria recibió la oferta de un préstamo inmediato, sin aval, sin requisitos, ni contratos. A la pura palabra. Recuerda que enfrentaba dificultades para liquidar la cuenta de un proveedor principal y preguntó si le podrían prestar cierta cantidad, misma que le dejaron en ese momento en su comercio. Así fue como se vio envuelta en tratos con los colombianos de los préstamos de “gota a gota”.
Tras un par de semanas todo parecía ir bien, hasta que preguntó cuánto faltaba para terminar de pagar. Ahí cayó en la cuenta que poco más de 500 pesos de lo que pagaba cada tercer día se abonaba a intereses y menos de 200 pesos a capital. La tasa de interés y el esquema de pagos sin duda operaban en su contra.
Así, su capital de trabajo y su liquidez se vieron seriamente comprometidos y cuando los atrasos llegaron, lo hicieron también las amenazas. No tenía sentido pagar alquiler y tratar de mantener a flote el negocio que algunos días daba apenas para el sustento propio, además de la cuota.
Como en este caso, y según narran otras víctimas, se conjugan la necesidad, la informalidad, la falta de acceso a instrumentos bancarios y, ante la coerción para el pago, la carencia de un estado de derecho eficaz que les mantenga a salvo de este cobro de derecho de piso disfrazado de préstamo.
