Dijo el poeta Ramiro Lomelí que el 2 de octubre era inolvidable, pero no irrepetible. Los hechos ocurridos el pasado 13 de agosto en Mineral de Monte son la reafirmación de ello. No sólo se trató de un indignante atentado en contra de la comunidad estudiantil, sino que se suma al historial de transgresiones a los derechos humanos que se han registrado en dicho lugar.
Hace años que se han registrado envenenamientos masivos de perros que incluso han afectado a animales de compañía del turismo que llega al pueblo. Apenas en enero de este año se conoció la noticia del secuestro de perros del santuario Cuatro Patitas ubicado en la misma localidad. Ante ello, la comunidad de activistas por los derechos y el bienestar animal se manifestaron en la vía pública (tal como es derecho civil) y la respuesta del cuerpo policial municipal fue recibirles a golpes. En el mismo mes una pareja de turistas denunció haber sido sometida y golpeada por policías del municipio para posteriormente llevarle a galeras sin una causa. Incidentes similares de intimidación y acoso policial al turismo se pueden encontrar varios en redes sociales y páginas de denuncia ciudadana.
La brutalidad policial son ejercicios totalmente violatorios de derechos. Cada administración de Real Del Monte se ha ocupado más por promover su denominación como pueblo mágico para recibir turismo que en capacitarse en buenas prácticas de gobernanza y derechos humanos. Como defensora de derechos, egresada de la UAEH y autora de esta columna condeno la violencia ejercida por el personal de la administración del actual presidente municipal Alejandro Sierra y me uno a la exigencia de justicia para mis compañeras y compañeros universitarios, civiles y sus familias que vivieron horas de terror con quienes debieron proteger su dignidad.
Twitter: @lolcanul
