Las madres de personas desaparecidas sufren, además del calvario de buscar a sus seres queridos, padecimientos físicos y psicológicos que impactan en su calidad de vida. Es decir, el Estado mexicano no sólo está en deuda por no garantizar la seguridad de sus familiares, también incrementa los agravios cometidos en su contra al negarles acceso a los servicios de salud pública.
En este sentido, un grupo de 11 madres y padres de personas desaparecidas presentó una queja colectiva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar protección ante actos y omisiones de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV), los cuales constituyen violaciones a sus derechos humanos, de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la organización que realiza el acompañamiento legal Idheas, Litigio Estratégico de Derechos Humanos.
Durante el acto de recepción de queja contra la CEAV, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Idheas solicitó a la CNDH analizar la queja y si hay motivos inéditos, se dicten medidas cautelares urgentes en favor de las personas que requieren atención médica; rendición de cuentas de funcionarios por negligencia u omisión y la integración de una mesa de diálogo técnica con la Secretaría de Gobernación para aportar propuestas que den pie a la implementación de una política pública que contribuya a resolver este problema.
La queja y el seguimiento de la misma por parte de la CNDH podría sentar un precedente para abrir paso a muchos otros casos que existen en el país de madres y padres de personas desaparecidas que han desarrollado enfermedades graves como cáncer, diabetes y glaucoma, luego de la desaparición de sus familiares.
No podemos olvidar que estas madres y padres también forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad por su carácter de defensores de derechos humanos, algunas son personas en situación de desplazamiento forzado y adultos(as) mayores que enfrentan como consecuencia una desventaja y mayor transgresión a sus derechos.
