En mis dos columnas pasadas (La Corte y sus asegunes) manifesté algunos puntos de vista en relación al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las distintas etapas históricas y jurisprudenciales que hemos vivido como país independiente, observando sus claroscuros -más los segundos que los primeros- y la manera como debíamos analizar a este alto tribunal desde la perspectiva de sus cambiantes, y a veces contradictorias, resoluciones.
Ni siquiera el gran jurista Ignacio L Vallarta queda exento del juicio crítico de la posteridad si observamos con detenimiento los proyectos y las sentencias que impulsó. Más bien respondían a las angustiantes situaciones del momento, donde debía existir un ejecutivo fuerte para defender a la república naciente, y evitar a toda costa que se extendiera la guerra civil y las luchas intestinas por todo el territorio nacional.
Tan es así, que la conclusión a la que llegó Vallarta, -para evitar los impuestos “ruinosos y exorbitantes” que aprobaba el legislador- impidió (por más de sesenta años) la existencia en México del amparo fiscal contra leyes, ya que su opinión como Presidente de la Corte fue, que la única solución era el “voto público”. ¡Cambiar a los diputados y/o senadores para que estos a su vez modificaran luego las leyes fiscales! Y este criterio imperó hasta que en 1925 la Corte decidió dar entrada a un amparo contra leyes impositivas: el de Aurelio Maldonado.
Por lo que si echamos un vistazo detallado a nuestra historia y a las ejecutorias de las distintas épocas de la Corte veremos que algo así como independencia del poder judicial respecto del ejecutivo nunca ha existido. ¡Hasta hoy! Ya que por increíble que parezca, como parte de las posiciones políticas de la cuarta transformación y su estrecho margen para hacer reformas legales, su nula posibilidad de hacer reformas constitucionales, y su enfrentamiento con los factores de poder que anteriormente habían prevalecido, es cuando la actual integración decidió ejercer esa facultad de control constitucional sobre actos de los otros dos poderes.
Para muestra un botón: desde la integración de la octava época hacia atrás siempre atendieron las “sugerencias” del ejecutivo priista, y los legisladores también lo hacían. Resultado: justicia de papel. Sin embargo, en la novena época (que implicó la reforma zedillista de 1994 con la reducción del número de ministros y un control concentrado de constitucionalidad, el “ganón” resultó ser Diego Fernández de Cevallos, que pudo negociar como líder de la fracción panista en el senado la incorporación de un buen número de togados de su confianza. El resultado efectivo de esa integración: una Suprema Corte repartida entre el PRI y el PAN. ¿Y vienen a decirnos que eran independientes en aquellas fechas?
Recuerdo también la visita del presidente de la Corte a la inauguración de la Casa de la Cultura Jurídica Guadalajara en el año 2005. El mismo día en que se votaba el desafuero en la Cámara de Diputados. Por lo que vi era un manojo de nervios y sudor el señor, (aunque tres años después -habiendo dejado el cargo, me dijo -a pregunta expresa de mi parte-, que jamás estuvo nervioso), ¡y también era su cumpleaños! Sin embargo, pasado el evento protocolario decidió regresar a la ciudad de México para atender el procedimiento camaral desde su oficina. Al haberse prestado para los fines electorales del presidente y del secretario de gobernación de aquel momento, el poder judicial federal entró en los laberintos de la política. A los pocos días, el ejecutivo federal decidió desinflar el asunto, dejaba el desafuero por la paz y le daba (contra sus deseos) un impulso sustancial a la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y el poder judicial federal?: “cantando las rancheras”. Impulsó penalmente el asunto y fue olímpicamente ignorado a la hora crucial de ya no continuar el procedimiento del desafuero.
¿Independientes? A lo mejor actualmente, en este momento, con otra integración y una nueva presidenta. Pero al final es de lo que el presidente López Obrador se ufana, ¡un gran logro!: no tan solo parecer, sino también ya ser independientes (últimamente resolviendo ocho a tres los asuntos, -con minoría de los que ven desde la óptica oficial los asuntos). En los tiempos por venir sabremos si esto se consolida. ¿O será simple guerra judicial o “lawfare”, como también se ha dicho?
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