No tengo dudas de que Claudia Sheinbaum será una excelente presidenta. La duda es si podrá convertirse en una gran estadista; aquella que sea capaz de encontrar la fórmula del verdadero desarrollo: crecimiento con distribución. Hasta ahora nos hemos movido en frustrantes impulsos pendulares. Cuando se buscó responder al reclamo social en los años setenta, con Luis Echeverría y López Portillo (1970-1982), la economía chapoteó en la ineficiencia; cuando se intentó crecer montados sobre la globalización, durante el llamado periodo neoliberal, creció la desigualdad. Y lo peor fue que ni siquiera se consiguió lo que se pretendía. Ni se distribuyó mejor con los primeros, ni se creció de manera sostenida con los segundos. La elección de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un nuevo cambio pendular a favor de la distribución. Como sabemos, consiguió un avance meritorio reduciendo la pobreza, pero entre la pandemia y la desconfianza empresarial la economía se estancó 1 por ciento promedio anual.
Es evidente que Claudia Sheinbaum consolidará y afinará este giro en favor de la economía popular. Pero mientras sigamos en este esquema pendular, en el que alternativamente nos inclinamos por un énfasis en distribución o un énfasis en crecimiento, en detrimento de uno u otro, el país caminará cojeando. La pregunta es si Sheinbaum puede romper este círculo pernicioso e intentar una fórmula que logre un avance en los dos sentidos. Personalmente me parece que existe una oportunidad, por tres motivos singulares que podrían no repetirse.
Primero, el contexto internacional. El ataque de Donald Trump a la globalización y la adopción de actitudes proteccionistas de parte de las potencias, están impulsando un reacomodo del orden mundial. Sean de derecha o de izquierda, los gobiernos se ven obligados a revisar vulnerabilidades y dependencia de suministros estratégicos y a activar sus cadenas productivas internas por lo menos en lo fundamental; ello pasa por potenciar el mercado interno, aumentando el poder adquisitivo de las mayorías. Con 4T o sin ella, las élites de nuestro país habrían tenido que voltear en esa dirección.
Segundo, hace muchas décadas que el gobierno mexicano no tenía un apoyo popular como el que ahora experimenta. Una circunstancia excepcional hoy en día, en que la norma en todo el mundo es el descrédito de los políticos a ojos de los ciudadanos. Esto representa un activo para impulsar cambios que favorezcan un mejor arreglo entre distribución y crecimiento. En Francia el primer ministro designado por Macron duró un mes en funciones y hoy mismo Washington está paralizado por la imposibilidad de acordar los términos del presupuesto anual, solo para citar dos ejemplos.
Se dirá que la concentración de poder en manos de Morena y la ausencia práctica de alternativas políticas por la debilidad de la oposición, entraña el riesgo de una deriva autoritaria. Sin duda. Razón demás para no dejarlos solos. El gobierno está urgido de poner en movimiento a la economía para generar los empleos necesarios y cumplir sus promesas. Con 55 por ciento de la población trabajadora en la economía informal (alrededor de 24 millones de personas), es evidente que ninguna estrategia de combate a la pobreza habrá de sostenerse si el país no genera millones de empleos mínimamente dignos en los próximos años. Y eso solo podrá ponerse en marcha si la inversión privada, hoy estancada, comienza a activarse. En ese sentido gobierno y sector privado se necesitan de manera urgente. Morena posee el monopolio del poder político; los particulares tienen el poder económico y son responsables de la generación de 85 por ciento de los empleos.
No estoy hablando de los grandes empresarios y su relación con la 4T. En realidad, con ellos no es el problema. Es con el pequeño y mediano empresario, cientos de miles de responsables de la mayor parte de los empleos en el país. Ellos no están invirtiendo. No encuentran certidumbre para poner en riesgo créditos o ahorros; para abrir una sucursal, expandir su producción, crear un invernadero. Hay muchos que conceden el beneficio de la duda a Sheinbaum, pero eso no compensa su percepción, cierta o no, de que entre Trump y el predominio absoluto de Morena hay demasiada incertidumbre para arriesgarse. Pero justamente, el poder que hoy tiene el Ejecutivo le ofrece a Sheinbaum un margen amplio para trabajar tal suspicacia.
Tercero, de izquierda o no, lo cierto es que las circunstancias han colocado en la cabina de mando a alguien con un perfil tan singular como el de Claudia Sheinbaum. Un CEO profesional de la administración pública, una científica de formación, organizada, moderna y laboriosa. Una singular mezcla de conciencia social y política con atributos técnicos. Alguien que toma decisiones a partir de resultados.
Todo lo anterior ofrece una oportunidad, quizá irrepetible. La posibilidad de que empresarios y gobierno se encuentren en algún punto a medio camino y exploren un acomodo que permita un modelo con distribución y crecimiento, una fórmula que apoye a las dos partes de la ecuación: primero los pobres, por el bien de todos. Ahora corremos el riesgo de que cada uno se atrinchere en su propia lógica: el gobierno, acrecentando la concentración de poder y asegurando las condiciones para mantenerlo por varios sexenios; los empresarios, sobrellevando al mínimo y guardándose para tiempos mejores.
Romper esta inercia implica esfuerzos para las dos partes. Del lado del gobierno, “despolitizar” la narrativa que lleva a concentraciones de 400 mil personas (muchos de ellos acarreados, inevitablemente), disminuir el maridaje entre gobierno y Morena que hace pensar en el viejo PRI, mostrar que el nuevo Poder Judicial no va a ser unilateral en favor del interés de los pobres según lo interprete un funcionario de la 4T. ¿Por qué habría de tomar créditos y riesgos un empresario medio si puede ser objeto de una invasión ilegal que ningún juez o ministra del “pueblo” va impedir, ni un amparo podrá detener?
Del lado de los empresarios tendrían que pensar que esta fuerza política muy probablemente gobernará los próximos once años, y en este momento existe un razonable espacio de negociación. El Ejecutivo conduce un esfuerzo responsable en materia macroeconómica con el objetivo de sanear las finanzas públicas, controlar la inflación, propiciar estabilidad a los mercados, combatir la inseguridad y modernizar la administración pública.
De lo que ambas partes hagan dependerá el porvenir del país. En un mal escenario Sheinbaum entregará el poder en 2030 con el consuelo de que cumplió sus 100 compromisos, consolidó las derramas sociales y mejoró la administración pública. No es poca cosa, pero la oportunidad perdida habrá sido enorme.
