Tal como pintan las cosas, en esta ocasión los mexicanos elegirán Presidente para los próximos seis años no en los comicios del próximo verano y con la participación de millones de ciudadanos organizados por el INE, sino en las encuestas que tendrán lugar en noviembre a partir del desempeño de un puñado de empresas encuestadoras privadas. Cada vez es más evidente que la madre de todas las batallas no tendrá lugar entre Morena y los partidos de oposición en las elecciones generales, sino en “las primarias” o internas que definirán al candidato del partido en el poder. Las encuestas dirán si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López el abanderado de Morena y, por consiguiente, casi seguro mandatario para el próximo sexenio.
Antes de examinar las implicaciones de estas peculiares circunstancias, conviene hacerse una pregunta de fondo. ¿Serán las encuestas realmente el mecanismo para dilucidar la candidatura, como afirma Morena, o constituyen un mero artilugio para disfrazar la voluntad de López Obrador, como acusan sus críticos? Habría que reconocer que los antecedentes podrían alimentar cualquiera de los dos escenarios. En el lado oscuro, está un caso tan reciente como el de Coahuila, en donde Ricardo Mejía, aspirante a la gubernatura, impugnó los resultados del levantamiento denunciando, con razón o sin ella, una intervención ajena a “la metodología” del levantamiento; o el caso más lejano como el que definió al candidato al gobierno de la capital hace cinco años, entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, cuando este último aseguró: “gané la encuesta, pero no gané la decisión de quien toma las decisiones”. Pero del otro lado, también habría que reconocer que el mecanismo de las encuestas usado por Morena ha dado un trámite satisfactorio y sin impugnaciones en la mayoría de los casos.
Tengo la impresión de que el dilema “dedazo o encuesta” es un falso dilema en muchos de los procesos de los últimos años, porque por lo general los ciudadanos consultados suelen inclinarse por la opción que consideran es la favorita de López Obrador, sea porque coinciden con él o porque dan por sentado que el resultado favorecerá al candidato percibido como su preferido y optan por inclinarse por el ganador.
Lo de menos será la elección de las empresas encuestadoras finales. Hay riesgos, desde luego, pero a estas alturas ya existen al menos media docena de empresas con amplia experiencia y reputación en la materia, y están identificadas aquellas que son “patito” y al uso del mejor postor. Incorporar a tres o más de ellas para disponer de resultados espejo confiables descarta la sospecha de un levantamiento amañado. Por lo demás, cuando lleguemos a la jornada decisiva el historial de todos los sondeos y encuestas previas, con obvias intenciones de voto, constituirá un marco de referencia que dificultará resultados sorpresivos.
Si así fuese, el quid no reside en el riesgo de irregularidades en el levantamiento de las encuestas, sino en las condiciones en las que se dé la competencia entre los contendientes los meses previos; el llamado piso parejo o disparejo. En otras palabras, la mayor fragilidad del mecanismo de elección, sean comicios organizados por el INE o sondeos realizados por empresas encuestadoras, responde menos a la jornada decisiva y más a la posibilidad de irregularidades o variables subjetivas que afecten la competencia misma. ¿Cómo operarán los gobernadores de Morena? ¿Qué señales enviará el Presidente respecto a los candidatos? ¿Cuán imparciales serán los dirigentes del partido para definir un cuestionario de levantamiento que sea verdaderamente imparcial?
Son preguntas que difícilmente aceptan respuestas categóricas. Inevitablemente existirán zonas grises; ¿cómo interpretar un gesto del Presidente? ¿en qué momento el apoyo moral de un gobernador por un candidato se traduce o no en apoyos indebidos de parte de sus funcionarios? El INE supervisa el proceso, y las leyes electorales regulan las precampañas y el mecanismo interno de cada partido para seleccionar a sus candidatos, pero se trata de filtros gruesos. La verdadera legitimidad del proceso, aquella que podría evitar impugnaciones, reside en la percepción de los contendientes en el sentido de que el resultado final no fue definido por los inevitables negros en el arroz.
No es un debate fácil porque algunas reglas del juego no son neutras, y no podemos ser inocentes al respecto. Exigir que los precandidatos renuncien a sus puestos de manera temprana o tardía, o incluso que permanezcan en ellos hasta el final, favorece a unos y perjudica a otros, por ejemplo, justo por la naturaleza de estos puestos. Un mayor número de debates va en detrimento del puntero y beneficia a los que buscan remontar distancias. La incorporación de determinadas preguntas y no de otras tiene efectos contrastantes entre los precandidatos, porque ellos califican de manera diferente en atributos como experiencia, honestidad, reconocimiento, temas de seguridad, etc.
Son aspectos delicados que deben ser resueltos por consenso entre los candidatos, para establecer reglas del juego bajo las cuales ninguno se sienta derrotado de antemano. El verdadero desafío de la dirigencia de Morena es desterrar cualquier lectura que remita a la percepción de que se ha perpetrado un manotazo unilateral para favorecer a un contendiente.
En la medida en que el factor decisivo para efectos de la elección presidencial se traslada del INE a Morena y a las empresas encuestadoras, me parece que este proceso interno tendría que convertirse en objeto de análisis y debate. Para efectos prácticos, el destino inmediato de los mexicanos dependerá de este ejercicio. Ya de por sí la polarización y la pasión política son un campo propicio para toda suerte de suspicacias, como para empeorar la crispación con una elección impugnada.
Morena ha hecho muy bien en convertir la elección de su candidato en una consulta a mar abierto entre todo tipo de ciudadanos, y no exclusivamente entre sus simpatizantes. Por la misma razón, me parece que tendría que abrir el debate a la opinión pública para definir los criterios que establezcan las reglas de la competencia. Todo acuerdo unilateral, opaco o tomado en lo oscurito se convertirá en futura fuente de ilegitimidad y potencialmente de inestabilidad política. Las reglas del juego de este proceso tendrían que ser reconocibles por parte de los ciudadanos. Después de todo, son las que determinarán quién será el que presida los destinos de los mexicanos los próximos seis años.
Jorge Zepeda Patterson
