Siempre he pensado que las polémicas entre columnistas aportan poco a la salud del debate público, entre otras cosas porque por lo general terminan centrándose en descalificaciones mutuas y batallas de egos. Este lunes Salvador Camarena, estimado amigo y ex compañero en varios entrañables proyectos, cuestionó en su columna de El Financiero un texto en el que yo abordo los claroscuros del debate sobre el INE entre el obradorismo y sus adversarios. Me parece interesante retomar sus críticas esencialmente porque me permite extender a los lectores de MILENIO una argumentación que puede ser ilustrativa sobre lo que estamos viviendo.
Camarena afirma que tanto Hernán Gómez como yo (otro articulista que encaró el asunto este domingo) reducimos el debate sobre la reforma electoral a algo que enfrenta a dos bandos polarizadores. Creo que es más complejo que eso, pero, en efecto, señalé que la polarización que predomina deriva en un intercambio de epítetos que buscan descalificar al contrario, lo cual provoca que los actores se ahorren el trabajo de analizar los argumentos del otro. A los contendientes les resulta más fácil etiquetar a su adversario que tomarse la molestia de revisar sus razones. El Presidente acusa a los que sostienen que “el INE no se toca” de ser una punta de conservadores, lo cual hace espurio cualquier argumento de su parte y desconoce la legítima preocupación que podrían tener de que esta reforma termine beneficiando al partido en el poder. Por su parte, la campaña de sus adversarios tampoco se queda corta y sin ningún rubor intenta hacer creer que la reforma del INE y las cámaras conducen a la destrucción de la democracia, que AMLO busca desaparecer el INE para regresar su control a Gobernación. Por supuesto que hay más posiciones y no solo esta división tan maniquea entre buenos y malos, pero por desgracia en la conversación pública terminan imponiéndose los planteamientos más estridentes.
Justamente mi artículo intenta abordar algunos de los riesgos de la reforma del Presidente, pero a la luz de sus propuestas específicas. En lugar de perdernos en descalificaciones, tendríamos que estar discutiendo, ajustando, modificando o rechazando lo que allí se propone.
Cosa que hice. “Entre las objeciones que he leído, encuentro que parte de los argumentos publicados por Diego Valadés (ex consejero) son atendibles. Por ejemplo, la reducción de participación ciudadana para revocar el mandato presidencial, que pasaría de 40 a 33 por ciento del padrón. Esto significa que un presidente elegido por la mayoría podría ser removido tres años después por la mitad más uno de ese 33 por ciento, es decir 16.51 de los votos del padrón electoral. Algo que al margen de ideologías parecería un despropósito.
“Según el sistema que se propone para elegir a los diputados desaparecen los 200 plurinominales; bien por eso. Pero se usa el procedimiento “plurinominal” para elegir a los 300 que quedan, lo cual genera otro problema señalado reiteradamente por los especialistas: ya no se votará por los candidatos sino por los partidos. En un estado que tenía 20 distritos habrá 20 diputados distribuidos según el porcentaje que obtenga cada partido: si Morena gana 50 por ciento de los votos y el PAN 25 por ciento, el primero tendrá 10 diputados y el segundo cinco, ¿y quiénes serán esos diputados?: los primeros que estén en la lista que confeccione la dirigencia de cada partido. En ese sentido se quita a los electores la posibilidad de rechazar a algún personaje indeseable, solo se ofrece la opción de votar o no por un partido y confiar en sus líderes. Y Valadés llama la atención sobre otra objeción: la mitad de las entidades, las pequeñas, solo tendrán entre dos y siete diputados; eso significa que un partido que obtenga 6 o 7 ciento en cada una de esas entidades no alcanza a tener representación en la cámara. Un obvio detrimento del derecho de las minorías”.
Señalé lo anterior como un ejemplo de algunos de los temas que hay que resolver en las propuestas que ahora se han presentado. Ni siquiera abordé los aspectos positivos de la iniciativa, que los hay, simplemente los riesgos y la necesidad de asegurarnos que no afecte el interés de las minorías o se traduzca en ventajas para el partido en el poder.
Lo que parece molestar a Salvador es que abordemos el tema sin cuestionar la ilegitimidad de López Obrador para hacer esta reforma o que no digamos que esta presunta polarización de la que hablamos esconde en realidad una confrontación que no es pareja (algo que tendría que abordar en otra ocasión). Hernán Gómez y Zepeda incurren en una carencia al no ofrecer “el contexto necesario”. En su opinión deberíamos hablar de ese contexto y no de las pertinencias e impertinencias de lo que está proponiendo el Presidente.
El contexto, afirma Camarena es “medio siglo de reformas electorales, el récord legislativo del régimen y la responsabilidad que toca a cada bando”. Pero existe el riesgo de utilizar el contexto para descalificar el contenido de una propuesta sin necesidad de revisarla, ninguna palabra sobre qué está mal del contenido de la iniciativa; no es necesario porque existe el antecedente de las triquiñuelas del gobierno en las cámaras y el récord de ataques de AMLO al INE, pese a que este ha tenido un desempeño extraordinario y resume 45 años de avances resultado de negociaciones entre los actores políticos y sociales, sostiene Salvador.
El problema con la visión del bosque que lleva a eximirnos de revisar los árboles es que todo va a depender de la colina en la que estemos parados, lo cual obligaría a observarlo desde distintas cumbres. En mi artículo señalo: difícil sostener, como lo hace AMLO, que “el INE es un instrumento de los conservadores si asumimos que Morena ganó la presidencia del país y 21 entidades federativas justo con esa institución como árbitro. Ha sido una organización clave para que en México haya existido una transición pacífica de poderes federales y estatales sin violencias poselectorales, al menos en los últimos quince años. Pero esto no quiere decir que su desempeño arbitral haya sido impecable ni mucho menos. Y allí están tantas experiencias locales y federales, en las que las groseras violaciones a las normas de financiamiento de las campañas fueron sancionadas con multas leves y nunca con la revisión del resultado que obtuvieron los contendientes, gracias, entre otras cosas, a la violación de la ley”.
También es “contexto” la mención que hice del sistema actual de designación de consejeros que llevó en varias ocasiones a repartir cuotas por partido: tres del PRI, por dos del PAN, etc., convirtiéndolos en personeros, por no hablar de que el presupuesto de las cámaras, el INE o las participaciones a partidos políticos podrían ser
menos onerosos.
¿Qué contexto resaltar? ¿La rijosidad de AMLO y su tendencia a utilizar los recursos de la presidencia para fortalecer la fuerza del obradorismo o el hecho de que algunos de los que ahora sostienen que el INE no se toca son los mismos que utilizaron sus recursos para campañas de miedo sobre la devaluación del peso, la fuga de capitales y la expropiación de propiedades si AMLO tomaba el poder? ¿Los buenos desempeños del INE para argumentar que debe ser intocable o los negros del arroz para revisar formas de mejorarlo?
La única defensa a la mutua descalificación entre los bandos, me parece, es revisar a fondo los argumentos de cada cual, en este caso la propuesta puntual de cara a su posible efecto, y en su caso revisarla, modificarla o rechazarla. Lo que no puede hacerse es descartarla de antemano, sin examinarla, solo por su procedencia o por un contexto parcial que ya la condenó de una vez y para siempre. Ignorar las evidencias que presenta un reportero simplemente porque se le acusa de ser fifí o de ganar mucho dinero, como se hace en la mañanera, no es muy distinto que etiquetar una propuesta por las intenciones que se le atribuyen sin tomarnos la molestia de revisarla. En mi opinión, la propuesta de Morena no “destruye la democracia”, pero sí habría que asegurar que la mejore.
Jorge Zepeda Patterson
@jorgezepedap
