El viernes pasado, el Congreso del Estado ratificó por unanimidad el nombramiento que el gobernador de Jalisco hizo en favor de Teresa Brito Serrano para continuar al frente de la Contraloría del Estado. Se convierte así en la primera persona en desempeñar la misma responsabilidad por nueve años continuos y con tres gobernadores emanados de dos partidos diferentes. Hecho este que –más allá de suspicacias– lanza una señal positiva en favor de la profesionalización de la función pública en Jalisco.
Sin embargo, con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) –a través de la cual el Congreso revisa, examina y fiscaliza las cuentas públicas del estado y los municipios– no ocurre lo mismo: el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia –aduciendo supuestas anomalías– quiere “regresar” a esa Comisión dichas funciones (como si los diputados fueran auditores), regresándonos a épocas anteriores a las de las Contadurías Mayores de Hacienda de la época del PRI hegemónico. Tanto la Contraloría como la ASEJ, deberían mantenerse ajenas a las alternancias partidarias en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, privilegiando en ellas la continuidad de la experiencia (como ocurrió con la Contraloría).
Lamentablemente, en México el servicio público de carrera, salvo raras excepciones, es más aspiración que realidad. En su lugar, lo que ha prevalecido es el Spoils System o sistema de “reparto de botín”, mediante el cual los partidos políticos cesan funcionarios y designan otros. Desde diciembre de 2021 el Congreso local nos debe la Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera. La relación conocimiento-poder político, ha ido de la cooptación a la expulsión de los espacios gubernamentales, pasando por la indiferencia.
Lo anterior contrasta con lo ocurrido el martes de la semana pasada en España, donde el Presidente del Gobierno se reunió con los 22 asesores científicos –seleccionados después de un largo y transparente proceso entre 1601 candidatos – que se incorporan para mejorar la función de cada uno de los ministerios del gobierno. Sus informes para los ministros se harán públicos. Serán, si me lo permiten, un Gabinete Sombra del conocimiento. Mucho tiene que ver en esto que en Europa desde 2001, existe el derecho humano a la Buena Administración, que en México solo las Constituciones de la CDMX y Yucatán lo establecen.
El Congreso de Jalisco debería incorporar ese derecho en nuestra Constitución y expedir la ley que nos debe.
