De todos los defectos del obradorato, pocos tan reveladores de su desprecio por el conocimiento como la gestión de María Elena Álvarez-Buylla en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Convertido en tribunal ideológico, el Conacyt dejó de ser motor de la investigación científica mexicana para volverse una inquisición “transformadora” en su cruzada contra la “ciencia neoliberal” que la señora se propuso eliminar, y contra investigadores a los que la nueva fe cuatrotera acusó de usufructuar el saber.
En nombre de la “soberanía científica”, persiguió a científicos, desmanteló fondos, expulsó talento e impuso la obediencia por encima del rigor académico.
No se olvida su canalla intento de encarcelar a 31 científicos del propio Consejo, a quienes denunció ante la Fiscalía General de la República por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero con apoyos del Fondo Mixto del Conacyt.
Fue una imputación grotesca, facciosamente dictada, que pintó de cuerpo entero la visión dogmática del conocimiento como enemigo del poder.
En la retórica de Álvarez-Buylla, la ciencia debía someterse a la pureza ideológica del movimiento y a la devoción por el líder.
Con la pandemia, la oportunidad de reivindicarse fue monumental, pero el fracaso todavía mayor:
Prometió respiradores ciento por ciento mexicanos que resultaron caros y malos; en 2021 anunció una vacuna “patria” contra el coronavirus que en 2025, acaba de reconocer el secretario de Salud, David Kershenobich, no termina de pasar las pruebas ante la Cofepris. Los plazos se incumplieron una y otra vez, mientras el país dependía de la “ciencia neoliberal” extranjera para enfrentar la emergencia.
Lo único verdaderamente nacional fue la propaganda: un discurso triunfalista sobre una ciencia “liberada del yugo neoliberal” que no produjo resultados.
Paradójico machetazo a caballo de espadas: quien promovió la persecución judicial de científicos enfrenta hoy una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR por detección de irregularidades en el destino de más de 450 millones de pesos.
La transparencia que Álvarez-Buylla exigía a los demás, se le esfumó entre fideicomisos extinguidos, transferencias opacas y proyectos que nunca
vieron la luz.
En su enconada embestida, destruyó instituciones de apoyo a la investigación, canceló becas internacionales, cerró centros públicos de innovación y redujo la ciencia a discurso político.
Lo que fue un órgano de Estado se volvió aparato gubernamental de control y el resultado es un ecosistema científico empobrecido, desmoralizado y dependiente de ocurrencias burocráticas.
Álvarez-Buylla está hoy ante el espejo que fabricó para otros.
Lo que antes era “corrupción neoliberal”, ahora es una simple y llana falta de cuentas claras.
No hay peor castigo que el búmeran de la moral selectiva: la justicia que se manipula acaba regresando.
La ciencia mexicana merece algo mejor que la militancia como método y el país algo más que consignas envueltas en bata blanca…
