Si bien es cierto que la guerrilla urbana es un fenómeno vigente en Oaxaca desde la década de los 70, como también lo es que algunas de sus expresiones (Procup Y EPR, fundamentalmente) buscaron influir y penetrar en la dirección de los movimientos políticos y sociales de mayor trascendencia en la entidad (1975, 1977, 2006 y 2016), no se cuenta con pruebas fehacientes que nos permitan concluir que ha sido el activismo de estos grupos armados los factores determinantes de los cíclicos periodos de inestabilidad política y social que ha padecido Oaxaca.
En el conflicto que hoy se vive en la entidad algunos medios nacionales y locales han dado crédito a la filtración de información gubernamental que señala a algunas organizaciones sociales, líderes magisteriales y dirigentes políticos de izquierda, como enlaces de la guerrilla urbana y autores intelectuales de la revuelta magisterial.
Es claro que estas versiones, así como el hecho de pretender generalizar que todo Oaxaca padece de desabasto de alimentos por los bloqueos carreteros y propalar rumores de todo tipo para generar incertidumbre, forman parte de una estrategia mediática oficial y oficiosa para desorientar a la opinión pública y desacreditar las causas del movimiento magisterial y social, con el propósito de frenar el creciente descontento ciudadano catapultado luego de la violenta y fallida incursión policíaca registradas el domingo 19 de junio en Nochixtlán.
¿Cómo explicar, entonces, los motivos de esta revuelta que de meramente magisterial rápidamente adquirió una dimensión social y política con demandas que, además de la abrogación de la reforma educativa y la liberación de los dirigentes de la sección 22 del SNTE, ya plantean la renuncia de Aurelio Nuño?
Un primer factor que debe tomarse en cuenta es que de todas las secciones disidentes del SNTE, la sección 22 de Oaxaca ha sido la que ha demostrado mayor capacidad organizativa y un consistente liderazgo en la CNTE y en el conjunto de las organizaciones sociales: de 1980 a la fecha creció y se consolidó como la principal fuerza sindical y política en la entidad al punto que de los gobernadores priistas solamente el de Ulises Ruiz se atrevió a desafiarla en 2006, con todos los costos políticos que después tuvo que afrontar.
La crisis política y social de ese año y el surgimiento de la APPO tuvieron así su punto de partida en las demandas y protestas del gremio magisterial.
Otro factor que explica la resistencia y reactivación del movimiento magisterial son sus alianzas estratégicas tejidas con decenas de organizaciones sociales y clientelares con las que caminó en 2006 y que a partir de 2013 se reagruparon en el denominado Frente Único de Lucha de la APPO.
En un sistema político local dominado por redes de complicidad y corrupción entre la clase política, grandes comerciantes y cacicazgos regionales, y con un sistema de partidos que solo se activa en periodos electorales, las organizaciones sociales y sus líderes cobraron fuerza desde la década de los 80 como gestores e interlocutores de amplios sectores de trabajadores de la ciudad y del campo ante las instituciones del sector público, constituyéndose con el paso del tiempo como un contrapeso a veces determinante para la gobernabilidad de Oaxaca.
El tercer factor tiene relación con los resultados de la elección de gobernador, donde el PRI ganó holgadamente. La percepción de quienes jugaron y votaron con las opciones electorales de izquierda es que el triunfo de Alejandro Murat fue posible no solo por la división de las izquierdas, sino por una elección de Estado, donde el gobernador Gabino Cué Monteagudo pactó la derrota al darle la espalda a sus aliados y reconocer en forma apresurada un triunfo priista, que tanto el PRD y Morena lo desconocieron y que ahora pretenden revertir en los tribunales electorales.
No extraña, por lo tanto, que ambos partidos, al apoyar política y legalmente las demandas del magisterio y a todo el movimiento social hubiesen tomado distancia del gobernador Cué Monteagudo exigiendo, además, una investigación a fondo de los hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán, donde el gobierno del estado todavía debe muchas explicaciones.
La confluencia e integración a este movimiento social de otros sectores sociales organizados y no organizados, padres de familia, comunidades indígenas, comunidades eclesiales de base, organizaciones no gubernamentales, universitarios, autoridades agrarias y municipales se explican, grosso modo, lo mismo por las inconformidades anidadas contra el burocratismo, ineficiencia, arrogancia y abusos de poder de autoridades de los tres niveles de gobierno, que por la crisis en el campo, el desempleo galopante, la inseguridad, la pobreza y la corrupción que repuntaron durante el sexenio gabinista.
Si desde la entrada en vigor de la reforma educativa los padres de familia o autoridades agrarias y municipales, por citar los casos de las fuerzas emergentes más significativos, habían permanecido pasivos por sus desacuerdos con los métodos de lucha del magisterio, en esta ocasión decidieron salir a las calles y manifestarse en su apoyo ante los insistentes abusos de poder de los gobiernos federal y estatal, y los excesos de los cuerpos policiacos en los desalojos carreteros que cobraron su cuota de sangre en Nochixtlán.
Hoy, es cierto, Oaxaca padece las consecuencias de las protestas sociales y magisteriales que han afectado su economía y polarizado a la sociedad, pero ante un vacío de poder, que se percibe en los tres niveles de gobierno y un movimiento radicalizado, la posibilidad de recuperar la paz social y la gobernabilidad en el menor tiempo posible dependerá de la voluntad política y capacidad de diálogo del gobierno federal y sus interlocutores a nivel local y nacional.
Y en otras entidades del país, donde la CNTE se viene movilizando tal parece que gobierno y sociedad también se enfrentan al mismo dilema.
................................
*Sociólogo y analista político.
Twitter: @YescasIsidoro
Isidoro.yescas@gmail.com
