Una de las instituciones jurídicas más sólidas que existen en nuestro país es la llamada “Ley de Amparo”, la cual es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Y ahora los legisladores de Morena intentando hacer a las carreras sus últimas cochinadas del sexenio, pretenden modificarla con el propósito de impedir que el Poder Judicial esté en posibilidades de dictar suspensiones tanto provisionales como definitivas, ya que de acuerdo a dos iniciativas igual de peligrosas presentadas, la primera, por el Senador Monreal, y la segunda por Olga Sánchez, se pretende adicionar a dicha ley, que: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.” Y en la segunda iniciativa de doña Olga, pretende que: “Para los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, (de leyes) se presumirá la legitimidad y constitucionalidad de las leyes emanadas de los poderes legislativos locales y federal, por lo que se preferirá una interpretación conforme a las leyes nacionales, federales, generales y locales.
Ambas iniciativas ya fueron turnadas a las comisiones de Estudios Legislativos, así como a la de Justicia, y el único propósito que tienen es que cualquier ley, a pesar de su inconstitucionalidad e incluso sí la misma fuera violatoria de Derechos Humanos contenidos en Tratados Internacionales de los que México sea parte, tenga plena vigencia hasta que de plano sea declarada inconstitucional, proceso que puede tardar años y mientras la ley cause todos los efectos perniciosos posibles. Esto solo por el berrinche de López y seguidores por las suspensiones y declaratorias de inconstitucionalidad de varias de sus leyes, entre ellas la eléctrica y las que pretenden promulgar a días de que termine la actividad legislativa del sexenio. La pregunta que nos deberíamos hacer: ¿No sería más fácil que el producto legislativo (leyes) que emita el Congreso de la Unión estén además de bien redactadas y de fácil comprensión para el gobernado, sean Constitucionales? ¿O acaso van a seguir gobernando bajo el principio estúpidode quien dijo: “no me vengan que la ley es la ley?”.
Hay que aclarar que todos los órganos que imparten justicia no otorgan suspensiones sin realizar un estudio exhaustivo, en especial, y sin pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, por eso realizan un estudio resumido en el concepto de la “apariencia del buen derecho” y el interés social, para conceder esas suspensiones que ahora nos quieren quitar a los gobernados estos de Morena para halagar a su líder.
Además, tendrá que analizar la Suprema Corte si esta reforma no viola por sí misma la fracción X del artículo 107 Constitucional y de la aplicación del Control Difuso. Todas sus iniciativas carecen de estudio por sus prisas a fin de evitar que no les suspendan obras y acciones de gobierno inconstitucionales.
En otro tema, en días pasados se habló en varios medios de comunicación impresos de un “gran rezago” de asuntos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y por ello pedí información por transparencia para conocer las cifras y su productividad y no opinar sin fundamento.
La gran sorpresa es que dicho órgano de impartición de justicia actualmente opera sin tres magistrados de Sala Unitaria, ya que a estos les llegó la fecha terminal de su nombramiento, pero además se había prometido que existiría una Sala Unitaria adicional, por lo que podemos afirmar que le faltan cuatro magistrados, omisión atribuible al Congreso del Estado y al gobernador, pero como estos andan en “etapa electoral” no les corre el tiempo para el nombramiento de los nuevos. Y además, esperemos que las personas que nombren sean seleccionadas por su alto conocimiento del derecho administrativo, su integridad, moralidad, y no existan indicios de ser corruptos. Pero se me olvidaba que en este tipo de nombramientos se da por el principio jurídico muy aplicable en Jalisco de “Cuotas y Cuates”. Esperemos equivocarnos en esta ocasión, aunque una pareja que siempre aparece en todas las convocatorias de cualquier cargo hasta de barrendero ya se prepara para contender.
La segunda sorpresa es la productividad, ya que de acuerdo a la información obtenida, la productividad por sala unitaria es en promedio de 80.4%, obtenido entre demandas recibidas y sentencias dictadas, por lo que no se puede hablar equivocadamente de “gran rezago” en dicho tribunal. Para dicho cálculo eliminamos la información de la Cuarta Sala ya que la misma no informaba en su totalidad, convirtiéndose la Quinta Sala en la más productiva durante 2023 con un 100%, y la menos productiva la Sexta sala con el 69%. Esta información está disponible en la página del tribunal.
Además de lo anterior para medir la calidad de las sentencias hay que observar tanto aquellas que fueron revocadas por la Sala Superior como de aquellas contra las que se concedió un Amparo de fondo y resulta que los magistrados del TJA en su conjunto están muy por encima de los jueces de las materias civiles, mercantiles y familiares del Estado.
La importancia de este tribunal es mayúscula para el gobernado, ya que es el órgano que dirime conflictos entre los entes de gobierno estatales y municipales y los gobernados cuando los primeros se exceden en sus funciones. Por eso siempre es atacado por los gobernantes en turno y en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, López pretende cooptarlo nombrando magistrados afines a él.
