Ayer el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2025-2030 (PRONAFIDE), cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Debemos reconocer que de cumplir con las metas de este programa las finanzas del país podrían mejorar en forma notable, sin embargo, lo veo muy difícil de lograr ya que omite variables negativas de la economía nacional que deberían resolver antes de implementar un plan así de ambicioso.
Veamos en qué consiste: Su marco económico y fiscal busca consolidar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo que se impulsa la productividad nacional. Esto pretende que se traduzca en un entorno de mayor integración a cadenas locales y globales de proveeduría, con incentivos para incrementar el contenido nacional, fortalecer la innovación y mejorar la conectividad logística.
En materia fiscal y aduanera, pareciera que se desprende una buena noticia, ya que contrario a lo dicho por el senador Monreal, pareciera que no implementaran ningún aumento ni nuevos impuestos federales, ya que el énfasis está en cerrar espacios de evasión y elusión, modernizar los procesos de cumplimiento con más herramientas digitales y garantizar despachos aduanales más ágiles y transparentes, aunque por otro lado hablan de impulsar la justicia fiscal a través de un sistema tributario confiable que sea progresivo y transparente y que recaude recursos de manera eficiente y eficaz, metas que con los vicios y deficiencias del SAT es difícil cumplir, simplemente no hay día que los Contadores Públicos no se quejen de la falta de funcionamiento correcto de la plataforma electrónica de ese órgano fiscal. Estos ajustes acompañan una política que refuerza la fiscalización en sectores de riesgo y combate de manera más frontal a la evasión y contrabando. Se prevén incentivos fiscales para inversión, empleo formal e innovación, además de 15 Polos de Bienestar y el primer proyecto nacional de economía circular para fortalecer MiPyMEs y aprovechar tratados comerciales. El financiamiento será clave y la banca de desarrollo deberá otorgar crédito a sectores con alto valor agregado y empleo, e incluso se apoyará con financiamiento, garantías, factoraje y arrendamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que participen en las cadenas de proveeduría.
Dicen que van a impulsar el federalismo fiscal, pero desde la óptica que implica que estados y municipios recauden más por impuestos propios obligando a que fortalezcan las haciendas públicas locales, situación que en Jalisco no nos preocupa, ya que sus finanzas son sanas y ya no digamos municipios como Zapopan que lleva varios años situándose como el mejor municipio a nivel nacional en recaudación fiscal, muy por encima de Guadalajara o Tlajomulco.
El gasto público se orienta, en una política muy distinta a la implementada en forma estúpida por Lopez Obrador a proyectos de infraestructura con esquemas de inversión mixta y asociaciones público–privadas, privilegiando sólo aquellos que demuestren factibilidad y continuidad.
En paralelo, se avanza en la modernización del sistema de pensiones y en la gestión de riesgos, con la actualización del régimen de inversión
del ahorro para el retiro, el impulso al ahorro voluntario y la implementación de mecanismos de transferencia de riesgos como seguros y bonos catastróficos.
Finalmente, el sistema financiero se perfila como un eje central de transformación: se proyectan reformas legales y regulatorias para ampliar la competencia, diversificar productos y servicios con enfoque de género y sostenibilidad, e incrementar el acceso al financiamiento de
MiPyMEs, productores agropecuarios y proyectos de infraestructura. Todo ello acompañado de un marco más estricto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que refuerza la integridad del sistema financiero, además recordemos que entre más se bancaríce la economía más fácil puede fiscalizar el SAT
Esperemos que cumplan al menos la mitad de estas metas. Lo malo es que en ninguna parte del plan hablan de otorgar seguridad jurídica alguna.
