El deterioro de las variables que miden la inseguridad y la incapacidad de respuesta frente al crimen en Jalisco son alarmantes. Por primera vez la percepción de inseguridad local (82.4%) es mayora a la nacional (75.9%) de acuerdo con la encuesta del INEGI. En cuanto a impunidad penal ocupamos el ominoso primer lugar nacional con 99.3% (México Evalúa) y apenas se sanciona uno de cada cinco homicidios intencionales (impunidad de 82.6% en ese delito).
En todos los frentes, en cada uno de los eslabones de los sistemas de seguridad y justicia penal, existen insuficiencias y deficencias. Aunque se está invirtiendo como nunca en estos rubros los recursos parecieran ser insuficientes. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; el Instituto de Justicia Alternativa (ambas instituciones en crisis aguda) solicitan fundadamente duplicar o triplicar sus presupuestos.
Una forma de lograr revertir la espiral de impunidad, violencia y percepción ciudadana de vulnerabilidad e inseguridad, requiere una abordaje estratégico de los problemas. Urge modificar el modelo de gestión, auxiliarse de las tecnologías de la información. Cambiar el sistema de flujo interminable de oficios por la alimentación y análisis (incluso robóticos para encontrar patrones) de las bases de datos.
El que en el país haya alrededor de 30 mil desaparecidos y se estime que hay más de 25 mil cuerpos sin identificar parece indicar claramente que debe acelerarse la integración de un registro nacional de ADN y material pericial de cuerpos y familiares de desaparecidos, para reducir la angustia, terminar con el calvario y hacer justicia para miles de familias mexicanas.
Debe privilegiarse la atención y acompañamiento de víctimas; el esclarecimiento y sanción de delitos de mayor impacto social. En un entorno de corrupción, penetración y desaliento burocrático deben instalarse y expandirse islotes de personal capaz, certificado, comprometido y protegido para esclarecer, perseguir y sancionar los delitos de mayor impacto.
Por otra parte, debe adoptarse un modelo de gestión como el de “tres pisos” (implementado con muy buenos resultados en siete estados del país), que permite brindar atención eficaz y adecuada (proporcional) a mayor proporción de casos y eficientando el uso de recursos. Por ejemplo, resolver uno entre el 25% de asuntos ingresados a las fiscalías susceptibles de ser atendidos por mecanismos alternativos, con altos estándares de atención como 95% de satisfacción de usuarios y 95% de cumplimiento de acuerdo reparatorios, resueltos en un promedio de 13 días (Coahuila), cuesta al erario 1,566 pesos en Baja California; en tanto que integrar una carpeta de investigación cuesta en promedio 12 mil pesos.
Enrique Alfaro se comprometió a combatir al delito “arriba, abajo y en medio” con mayor capacidad de respuesta y mejor calidad en la atención de denunciantes, víctimas y usuarios del sistema. Hacer reingeniería de procesos; establecer un nuevo modelo de gestión; desarrollar el potencial de las tecnologías de la información para el servicio, la información, el análisis y la inteligencia; y reconstruir un modelo de investigación moderno que permita reducir a su menor expresión la impunidad; deberán ser los pilares sobre los que se recupere la seguridad y la justicia que demandan los jaliscienses.
guillermo.zepeda@coljal.edu.mx
