Para un abogado que conoce los secretos del poder y tiene a su servicio el aparato de justicia, convertirse en estrella y tener éxito económico es juego de niños (en Coahuila podría ser incluso magistrado, como Jesús Sotomayor).
Pero cuando los agentes políticos son otros, las cosas cambian. La detención de Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada, jamás habría ocurrido si José Antonio Meade o Ricardo Anaya despacharan hoy en Los Pinos.
Mientras el Financial Times le canta la cartilla por su política económica, el presidente López Obrador avanza su agenda contra la corrupción. Collado, entre cuyos clientes figuran «el hermano incómodo» Raúl Salinas, y el líder petrolero Romero Deschamps, es la punta del iceberg contra el cual chocó el Titanic de la «mafia del poder».
Sergio Bustamente Figueroa, socio de Caja Libertad, acusa a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto de ser las cabezas de una trama criminal: «al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, (Caja Libertad) realiza actividades ilícitas como banqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran» (Reforma, 11.07.91).
Si el PRIAN hubiese retenido la presidencia, Bustamante tampoco se habría atrevido a denunciar a los intocables, por temor a ser encarcelado o desaparecido como pasa en un país kafkiano donde las víctimas son culpables y los delincuentes de cuello blanco resultan siempre exonerados, si acaso se les procesa.
Los errores de AMLO, algunos graves, se magnifican, y los aciertos se minimizan, pero quién puede refutar la siguiente parte de su discurso inaugural, publicada por el New York Times en su portal:
«Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. (…) Esa es la causa principal de la desigualdad económica, también de la inseguridad y de la violencia que padecemos».
El fiscal general de la república, Alejandro Gertz, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, debe volver los ojos a Coahuila donde la deuda y las empresas fachada tampoco se explicarían sin la relación perversa entre las élites políticas y económicas.
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