Las tormentas revelaron que las inundaciones del sur de la ciudad son el síntoma más evidente de un ‘desarrollo’ territorial, intencionadamente destructivo. La ciudad no se inunda por la lluvia. Se inunda porque así es construida. Porque así fue autorizada. Porque, mientras el agua cae del cielo, las decisiones caen desde escritorios con planos de codicia, intereses bien aceitados por la corrupción, y sentencias de tribunales pagadas por la especulación. El desastre no es natural, es urbano. Es político. Es, ético.
Lo sucedido estos días en Tlajomulco, con Real del Valle bajo el agua, calles de Adolf Horn convertidas en cauces, vehículos arrastrados por corrientes, gente que durmió en autobuses, no es un evento aislado. Ni siquiera una anomalía climática. Es la expresión más visible del colapso territorial al que nos conducen las autoridades, con un modelo de desarrollo que confunde urbanización con progreso, y que cambia bosques por banquetas sin drenaje.
La catástrofe no proviene del cielo, sino de una “transformación del territorio sin orden, sin previsión y sin regulación, que ha generado condiciones que aumentan la exposición y vulnerabilidad de la población” (José de Jesús Flores Durán). Es decir, no hay desastre natural sin una construcción social previa del riesgo.
La urbanización desmedida es, en efecto, una máquina de fabricar tragedias. El estudio de López et al., de la UNAM, afirma que “el crecimiento urbano de las últimas décadas ha desconocido por completo la hidrología del valle”, provocando que se pavimenten suelos de infiltración, se urbanicen cauces naturales y se construya sobre zonas de recarga hídrica. A eso, hay que sumarle una infraestructura pluvial pensada para una ciudad del pasado, incapaz de resistir los efectos del presente y mucho menos del futuro.
Las consecuencias están hoy a la vista. Las zonas más afectadas por las recientes lluvias coinciden con las áreas de mayor expansión inmobiliaria en las últimas dos décadas. Lo que se presenta como un fenómeno meteorológico extremo es, en realidad, la consecuencia directa de una política de permisividad institucional interesada, frente a voraces utilidades inmobiliarias. Se ha optado por la ruta rápida del fraccionamiento en masa. Fraccionar el suelo, fraccionar la vida, ¡fraccionar la dignidad!
Los discursos oficiales siguen atrapados en el léxico de la evasión. Llaman “precipitación atípica” a lo que es una negligencia deliberada de la autoridad. Ofrecen bombas para desaguar, pero no una estrategia para recuperar el orden ecológico del territorio. Hablan de coordinación institucional, mientras autorizan nuevos fraccionamientos en zonas ya reconocidas como de riesgo.
El peligro “no reside en la amenaza climática en sí misma, sino en las estructuras sociales que deciden dónde y cómo habita la población” (Flores Durán). En otras palabras, el agua no elige su cauce. Lo elige el urbanismo irresponsable, lo eligen los planos, lo eligen las autoridades omisas y el silencio de quienes no legislan, no regulan y no exigen. En Jalisco, el suelo se administra con olvido y se urbaniza con desdén.
Y es que, más allá del colapso de los drenajes, lo que se está colapsando es la vida misma. Cada nueva familia que se muda a un ‘fraccionamiento’ en el sur de la ciudad entra, sin saberlo, a un contrato de riesgo no firmado. Y lo hace, muchas veces, porque no hay otra opción habitacional. Porque el derecho a la vivienda ha sido transformado en mercancía de baja calidad, vendida de forma fraudulenta en entornos de alta vulnerabilidad.
Es urgente cambiar de ruta. No basta con obras hidráulicas si no se replantea la relación entre ciudad y territorio. No habrá ciudad vivible si no se observan los saberes ecológicos y sociales, que el modelo actual ignora. Y no habrá resiliencia posible mientras se sigan construyendo casas donde no debería haber concreto, sino suelo absorbente, arroyos vivos y corredores bioclimáticos.
Hoy, el agua es una advertencia. No solo por su fuerza, sino por lo que revela. Porque el verdadero diluvio en Jalisco, no es meteorológico. Es la suma de negligencias, ambiciones y urbanismo especulativo. Y si no se ordena, no solo se inundará la ciudad. Se hundirá, también, la posibilidad de habitarla con dignidad.
