Los números pueden ser fríos, pero cuando se trata de violencia, también son elocuentes. El más reciente informe del Global Peace Index 2025 y el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), lanza un mensaje claro y demoledor, que México persiste como una nación atrapada en una espiral de violencia estructural, y Jalisco, pese a ciertas mejoras relativas, no escapa a esta lógica.
El impacto económico de la violencia equivale al 18% del PIB nacional —más de 4.5 billones de pesos, o 33,905 pesos por persona—, hablar de paz no es un acto de esperanza, sino una demanda de responsabilidad política. Jalisco, catalogado como el 14º estado más pacífico del país, carga sin embargo con las cicatrices de una guerra prolongada, con más de 13 mil personas desaparecidas, el mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, y municipios como Tlaquepaque y Tlajomulco con tasas de homicidios que duplican la media nacional.
La aparente contradicción entre su posición intermedia en el índice de paz y la magnitud de sus problemas no es azarosa, responde a una lógica de contención territorial, donde la relativa “paz” no es fruto de la gobernabilidad institucional, sino del control que los grupos del crimen organizado ejercen sobre las dinámicas locales. El informe sugiere, con mesurada contundencia, que la baja incidencia de violencia política en Jalisco obedece más a la cooptación de actores estatales por el narcotráfico, que a la fortaleza de sus instituciones.
La economía de la violencia tiene consecuencias medibles. En Jalisco, el impacto económico de la violencia alcanzó los 271 mil millones de pesos en 2024, un aumento del 45% desde 2015, lo que equivale a 31,048 pesos por persona, una cifra que supera con creces el salario mensual promedio. No hay retórica que oculte estos datos. El deterioro no es solo moral o político, es económico, estructural y persistente.
El deterioro de la Paz Positiva en México, especialmente en pilares clave como el buen funcionamiento del gobierno y los bajos niveles de corrupción, confirma lo que muchos ciudadanos experimentan diariamente, una justicia disfuncional, un Estado capturado, y una sociedad que ha comenzado a normalizar el miedo como una forma de vida.
