Las campañas electorales concluyeron el pasado miércoles, pero los debates en torno a la elección judicial del próximo domingo 1 de junio continúan. La Ciudad de México se ha convertido en un foco de discusión. Diversos actores políticos han manifestado sus posturas, tanto a favor como en contra de la participación ciudadana, generando un amplio intercambio de opiniones en el ámbito público.
Desde mi perspectiva, las elecciones judiciales marcan un verdadero parteaguas. Invito a votar por quien consideren adecuado. Este proceso no asegura ni la redención de la justicia en México ni su ruina definitiva. Pero es innegable que abre un nuevo horizonte: por primera vez en más de dos siglos de vida republicana, el Poder Judicial ocupa el centro del debate político nacional. Y eso, por sí solo, ya es un hecho histórico.
Esta experiencia histórica dejará aprendizajes valiosos, lo que abre la puerta a la necesidad de perfeccionar la reforma en un futuro cercano. Esto podría impulsar la construcción de una nueva pedagogía jurídica, capaz de transformar al derecho en un verdadero asunto de interés público, más cercano a la ciudadanía y al debate democrático.
Lo que ahora se espera es que esta reforma no solo transforme las estructuras del poder, sino que inaugure una nueva era de justicia más cercana a la ciudadanía. No se trata únicamente de cambiar nombres o cargos, sino de abrir paso a un sistema más transparente, accesible y legítimo.
Aunque la propaganda ha cesado, la discusión pública se intensifica. Esta elección histórica ha puesto al Poder Judicial en el centro del escenario político, desafiando siglos de opacidad y marcando un antes y un después en la relación entre justicia y democracia.
Quienes apostaron a que la Presidenta cedería ante la presión y revertiría la reforma judicial, han fallado en su pronóstico. No solo no hubo marcha atrás, sino que el proceso avanzó con firmeza, desafiando críticas de figuras como Ernesto Zedillo y sectores del Poder Judicial.
Lejos de retroceder, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con una transformación profunda del sistema de justicia, colocando al Poder Judicial en el centro del debate democrático.
