Que no quede duda alguna de la excelente relación que tiene hoy la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo con el gobierno federal, tras el bloqueo carretero tuvo comunicación directa con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, pero también con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde la respuesta fue casi inmediata. Al enviar a un representante federal para encabezar las mesas de negociación.
Y es que previo a las mesas de negociación que iniciaron a las 11:00 de la noche del miércoles y terminaron la madrugada de este jueves, el mismo Julio Berdegué sostuvo una llamada telefónica con los productores, quien tuvo que escuchar las quejas y exigencias que se vienen arrastrando desde la administración pasada. Por lo que de no cumplirse las peticiones, los inconformes advierten tomar acciones más severas.
Por cierto, quien estuvo en estas negociaciones desde un inicio fue Jorge Jiménez Lona quien fue clave para destrabar el problema, ante la resistencia de no levantar los bloqueos; desde la Secretaría de Gobierno darán acompañamiento a los productores para que se les atienda, porque aun cuando el problema no es estatal, lo último que se busca es que esto vuelva a repetirse.
Y a quien tacharon de querer “sacar ventaja política” por esta situación fue al diputado del PAN, Erandi Bermúdez, quien subió a la tribuna del Congreso del Estado, para sacar un punto de acuerdo de obvia resolución con carácter de urgente para exhortar a la autoridad estatal y federal a que atendieran las exigencias de los productores del campo, la cual no prosperó por los 19 votos en contra de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo.
La bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato presentó una iniciativa para la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, esta se suma a la que presentó Movimiento Ciudadano con la que ya son dos en la lista. Esta además de incluir reformas al Código Penal local, también contempla la Constitución Política del Estado.
Pero además, especifica que la mujer que provoque o consienta su aborto después de la decimosegunda semana de gestación, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa; a lo que la diputada Eugenia García dijo que de aprobarse se dará un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes. Algo que parece que en esta legislatura no pasará.