Al atardecer del viernes 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa, la principal abogada de las víctimas de las masacres oficiales cometidas en Guerrero y Chiapas durante los noventa, fue encontrada muerta en el interior de su despacho en la colonia Roma de la Ciudad de México.
El también abogado Gerardo González Pedraza, idenitificó a su compañera con la cabeza apoyada en un sillón, una mancha de sangre en el piso y un polvo blanco esparcido junto a ella y en la entrada del lugar.
Desde el interior de la oficina, rotulada como “Servicios Legales de Investigación y Estudios Jurídicos, AC”, González Pedraza llamó a otros abogados para informar de lo sucedido y luego avisar al Ministerio Público.
En la escena del crimen fue encontrada una pistola calibre .22 y tres casquillos de bala. El reporte oficial describe, entre otras cosas, que “[...] en el piso se aprecia goma de mascar masticada y una mancha hemática [...] observándose entre los pies de la occisa un casquillo percutido al parecer calibre 22 apreciándose en el sillón donde tiene recargada la cabeza la occisa del lado contrario polvo blanco al parecer talco [...]”.
“Asimismo, se aprecia en las manos del cadáver guantes de plástico en color rojo, apreciándose que el del lado derecho no se encuentra puesto en su totalidad y del lado izquierdo únicamente el del dedo pulgar se encuentra fuera de su espacio [...] se procede a levantar el sillón en donde se encontraba descansando la cabeza de la occisa y se aprecian dos casquillos percutidos [...]”.
Según los reportes oficiales, el cuerpo de la abogada tenía tres lesiones que destacaban: dos causadas por disparos de armas de fuego —una en la cabeza y otra en el muslo— y un hematoma en el muslo derecho.
También fue encontrado en el sitio un papel que contenía recortes periodísticos que conformaban el siguiente mensaje alusivo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), con el que Digna colaboraba: “PRO’S, hijos de puta si siguen a otro también se lo cargará su madre, sobre aviso no hay engaño”.
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Dos años antes, Digna Ochoa y otros integrantes del Centro Prodh habían sufrido amenazas en sus oficinas, robos de documentos y secuestros que motivaron denuncias penales. La agresión más grave sucedió el 28 de octubre de 1999, cuando la defensora de derechos humanos fue asaltada en su propia casa, donde la golpearon hasta dejarla inconsciente y atada a su propia cama, junto a un tanque de gas abierto, el cual logró cerrar tras despertar y liberarse.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a la abogada y otros integrantes del Centro Prodh, para que el Estado mexicano se encargara de garantizar su vida e integridad física, acciones que finalmente fueron aplicadas en noviembre de 1999.
Sin embargo, el 28 de agosto de 2001, cuando se suponía que México ya estaba viviendo la llegada de un régimen democrático, el gobierno mexicano insistió en cancelar las medidas cautelares que protegían a Digna y a los otros abogados.
Menos de dos meses después, la abogada fue encontrada sin vida.
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Digna Ochoa tenía 37 años al momento de morir. Nació en Veracruz, donde empezó a trabajar como abogada en la procuraduría estatal, hasta ser víctima de una agresión que la llevó a mudarse a finales de los ochenta a la Ciudad de México, para participar en la sociedad civil a través del Centro Prodh.
Durante los noventa trabajó como defensora legal en las principales masacres ocurridas en los estados de Guerrero y Chiapas. Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Ejido Morelia y El Bosque, son algunos de los casos que resumen muerte, dolor e impunidad, y que fueron acompañados por la defensora, quien también asistió jurídicamente a activistas y guerrilleros apresados políticamente, como Javier Elorriaga, Elisa Benavides, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas.
Al momento de su muerte, Digna representaba a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de Guerrero, detenidos ilegalmente y torturados por miembros del Ejército, así como también la defensa de los hermanos Cerezo Contreras, jóvenes acusados del ataque a una sucursal de Banamex en la capital del país.
Pese a todo lo anterior, las investigaciones oficiales realizadas en su momento por las autoridades descartaron el homicidio de Digna y determinaron que en el despacho de la colonia Roma se había cometido un “suicidio disimulado”.
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Más de veinte años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenció que la investigación de la muerte de Digna Ochoa tuvo fallas en el manejo de la escena del crimen, en su documentación y en la necropsia médico legal. Además, estableció que el proceso judicial estuvo “sesgado por estereotipos de género”, ya que se apelaban a cuestiones íntimas y personales de la víctima para cuestionar su credibilidad, lo que provocó una “investigación deficiente” y una “afectación del derecho a la honra y la dignidad de la defensora”.
Por ello, la máxima instancia internacional de justicia en la región, ordenó al Estado mexicano una serie de medidas de reparación. La primera es la de retomar las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la abogada.
En su momento, fueron dos las líneas de investigación políticas que se plantearon y que finalmente fueron descartadas. La primera es conocida como “la línea militar” y está orientada a unos encuentros que había tenido Digna unos días antes de su muerte con miembros del Ejército en la sierra de Petatlán, Guerrero, mientras investigaba la identidad de los militares del Cuarenta Batallón de Infantería que habían torturado a los campesinos ecologistas que representaba.
La otra línea pendiente es la llamada “Línea Guerrero”, que debía indagar las amenazas y tensiones provocadas entre diversos caciques del estado dedicados a la explotación maderera y señalados formalmente por la defensora de generar estragos en el ecosistema del lugar, deforestación y escasez de agua. Uno de ellos es el dirigente priista Rogaciano Alba, acusado por igual de vínculos con el narcotráfico y el Ejército.
Sin duda alguna, una nueva línea de investigación oficial que abra la Fiscalía General, con impulso del gobierno actual, debería considerar de forma necesaria la fusión de las dos anteriores, así como otros hallazgos reveladores surgidos a la luz de otros casos de Guerrero como el de Ayotzinapa.
Y además, esa nueva investigación tendría que analizar el inevitable factor de sospecha que causa el hecho de que que durante todo este tiempo haya existido un ente de poder que logró establecer como un suicidio, el aún crimen sin resolver de una heroína civil moderna llamada Digna Ochoa.
Diego Enrique Osorno
