El 4 de noviembre de 2022, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, revictimizó a Ariadna Fernanda al señalar que su muerte había sido provocada por "broncoaspiración por intoxicación etílica"; era casi su propia responsabilidad, ya no era una “víctima perfecta”. Ayer, luego del comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que concluye que murió por traumatismo craneoencefálico (golpes), Carmona Gándara se aferra cobardemente a su cargo, mientras continúa con una defensa mediática de su mediocre trabajo.
Rápidamente, la FGE de Morelos salió al paso asegurando que la opinión emitida por la FGR “no es jurídicamente vinculante”, pues dicha instancia federal “nunca requirió documentación a la Fiscalía de Morelos respecto a la necropsia que se le realizó al cuerpo de la víctima”. Una leguleyada le parece suficiente a uno de los entes encargados de impartir justicia para socavar su incompetencia, por decir lo menos o no hablar de complicidad, en el feminicidio de Ariadna.
El fiscal Carmona y la entidad que representa, que evidentemente no entienden nada de perspectiva de género, se esconden tras una “necropsia practicada en Morelos por un equipo de forenses integrado por mujeres profesionales”, a todas luces errónea y malintencionada.
Más allá de la búsqueda de justicia para Ariadna y sus familiares, el caso se ha convertido en un jaloneo político entre un fiscal enfrentado constantemente a Cuauhtémoc Blanco, y la Fiscalía de la Ciudad de México, apoyada por las declaraciones de la Jefa de Gobierno en las que señala a Carmona de encubrir un feminicidio.
No se trata solamente de los errores procedimentales de las fiscalías de todo el país en torno a la resolución de los feminicidios que van desde errores en la recolección de pruebas hasta la falta de aplicación de la perspectiva de género, sino de que cuando algún caso logra escalar y salir de la indiferencia y la invisibilidad —casi siempre por su terrible espectacularidad—, se convierte en un motín político.
Poco o nada importa el derecho al acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño, y mucho menos a garantías de no repetición. Luego de lo mediático del caso y de circular una y otra vez imágenes del cuerpo de Ariadna, llama la atención que las nuevas declaraciones de Carmona Gándara, que perpetúan la revictimización, no hayan causado un cuestionamiento a la actuación de una autoridad; nos acostumbramos a la aberrante crueldad, ineficiencia e indolencia institucional, especialmente cuando se trata de las mujeres. Probablemente volvamos a hablar de este tema si se condenan a los culpables y se demuestra cuál de las fiscalías en pugna tenía la razón.
Parece que la indignación frente a los feminicidios tiene fecha de caducidad.
Daniela Pacheco
@DanielaPachecoM
