La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas es de las peor calificadas del país pese a ser también de las que más aumentaron su presupuesto en 2022.
Es paradójico porque acaba de entrar un nuevo gobierno estatal y denunció corrupción en muchas áreas de la administración pública y hay personas dispuestas a testificar. Dicha fiscalía cuesta en el actual ejercicio fiscal 7.9 millones de pesos y su desempeño pasó en dos años de regular a deficiente, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El gobernador Américo Villarreal Anaya detectó graves irregularidades de la administración pasada, destacando un déficit de 2 mil millones de pesos, mucho desorden administrativo, extorsiones, obras sobrevaloradas y “moches” por 4 mil 800 millones de pesos.
Este 2022, que se vio marcado por una intensa lucha por la gubernatura, la fiscalía que en Tamaulipas combate la corrupción solo logró llevar ante un juez un 2 por ciento de sus investigaciones, desconociéndose de qué trataron.
Hizo 259 indagatorias, de las que solo ha judicializado cinco y apenas cuatro han sido vinculadas a proceso, sin que se tenga sentencia condenatoria hasta ahora.
En campaña, el hoy mandatario denunció el uso de la Fiscalía General de Justicia como órgano de persecución política para obstruir su proyecto de transformación. “Recibimos un estado arruinado y peor aún maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de lo que se creía”, apuntó Américo.
El presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción ha crecido 260 por ciento comparado con el año 2019.
Pero en vez de aumentar ministerios públicos adscritos, redujo de 13 a ocho entre 2020 y 2022.
En peritos pasó de dos a tres y en policías se mantienen seis.
En la Secretaría de Administración había aviadores, compensaciones excesivas, firmas apócrifas y hasta extorsiones para que los trabajadores firmaran por cantidades menores a la que les pagaban.
“Las Fiscalías Anticorrupción se han convertido en instituciones para cobrar venganzas”, expuso el Instituto Mexicano para la Competitividad. No investigan ni procuran sanciones.
Los resultados de la segunda edición del reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción” son preocupantes y desalentadores. _
