¿Debemos obedecer la ley cuando es injusta, es decir, cuando la consideramos injusta? A esta pregunta respondo de la forma siguiente: Depende.
La ley es, en principio, una expresión de la justicia. Ella articula la idea de equidad que la misma sociedad identifica como suya. Fortalece, así, el bien común. Pero las leyes también pueden, en ocasiones, ser injustas, por varias razones. Porque pretenden regular comportamientos (éticos o religiosos, sobre todo) que no deben ser relevantes para el bien común. O porque permiten al Estado atentar contra uno de los derechos del hombre (cuando discriminan a las minorías, por ejemplo). O porque son promulgadas por quien carece de competencia para legislar (el estado que pretende regular una materia que es competencia exclusiva del municipio).
Estos días fueron evocadas en la prensa las encuestas de opinión hechas al respecto desde hace varias décadas en México. Jorge Castañeda evocó una de ellas, elaborada a principios de siglo por la Secretaría de Gobernación. A la pregunta: ¿Cree que el pueblo debe obedecer las leyes incluso cuando sean injustas?, el 71 por ciento contestó que no. Y a la pregunta: ¿Puede el pueblo desobedecer una ley si es injusta?, el 58 por ciento respondió que sí. Según estas encuestas, los mexicanos no piensan, en general, que debemos obedecer la ley cuando es injusta. Reflejan nuestra tradición de desprecio por la legalidad, una que hay que combatir, porque la ley, en principio, debe ser invariablemente respetada. Aunque decía arriba que no siempre, que depende. ¿De qué depende? De la gravedad de la injusticia.
Los teólogos han reflexionado con elocuencia sobre esta cuestión a lo largo de los siglos. Una ley, si es injusta, no es ley en el sentido más profundo, por lo que no determina la obligación moral de seguirla, pero hay que obedecerla, sufriéndola, para no provocar daños mayores. “Las leyes injustas no obligan en el foro de la conciencia, si no es para evitar el escándalo y el desorden, por cuya causa el hombre debe ceder de su propio derecho”, escribe Santo Tomás en la Suma teológica. Desobedecer la ley tiene siempre un costo, en efecto, por lo que, en principio, la debemos acatar. Pero una ley que es gravemente injusta no debe ser obedecida, afirma Santo Tomás. Tiene razón. Muchas de las aberraciones más graves en la historia fueron cometidas al amparo de la ley. Durante la Segunda Guerra, en los países ocupados por los nazis, la deportación de los judíos era legal; la solidaridad con los judíos, en cambio, era ilegal.
Hay dos formas de enfrentar las leyes que son injustas, gravemente injustas, desde el punto de vista de nuestra conciencia. Una es una respuesta individual, está ceñida a la moral: la objeción de conciencia. Otra es una respuesta colectiva, tiene una dimensión política: la desobediencia civil. Los casos de Bertrand Russell, contrario a la obligación de matar en la Primera Guerra, y Martin Luther King, quien no aceptaba la segregación racial en Estados Unidos.
Todos los individuos tienen el derecho de objetar una ley que consideran gravemente injusta; tienen el derecho de desobedecerla, sin ignorar que pagarán un precio. Pero ese derecho no lo tiene el jefe de un gobierno, que es la encarnación de las leyes consagradas por el Estado.
Investigador de la UNAM (Cialc)
