Sobran ejemplos en los últimos años por la acción de la Fiscalía General de la República y muchas decisiones de jueces, pero la semana pasada nos confirmó el daño que ya se ha infringido en el sistema de justicia mexicana.
Todos sabemos que Rosario Robles debería de estar enfrentando las graves acusaciones que se han hecho en su contra desde su casa, sujeta a una medida cautelar apropiada que le impida fugarse del país o cometer delitos. La ley contempla esas medidas, como queda claro con Emilio Lozoya y otros, incluyendo coacusados de la señora Robles. Lo sabemos también porque así lo dijeron magistrados que el juez ignoró por razones que, si fueran serios, alguien en el Consejo de la Judicatura debería averiguar.
El asunto es la última, pero creo muy relevante muestra de que aquello que se intentó en 2008 ha fracasado por completo. El nuevo sistema de justicia penal está, seamos honestos, distorsionado y olvidado en la práctica. Aquel sistema que quería darnos garantías. Los ciudadanos con tratos iguales frente a la ley, que nos consideraba —eso aún dice la Constitución— inocentes hasta que un juez no dijera lo contrario después de un debido proceso, todo eso no existe.
Si algo, se cuentan con una mano los estados donde se ha avanzado a paso de tortuga… pero poco más. El caso de Robles es el que acapara los medios, pero solo ilustra lo que sucede todos los días en la mayoría de fiscalías y juzgados, incluyendo los federales.
Sobresale también el caso de Rosario Robles porque ni siquiera han utilizado, aún, la herramienta favorita: delincuencia organizada. Un mecanismo de excepción que ahora se utiliza para todo mientras sea un adversario a quien se quiere encarcelar.
Como lo escribió el ex ministro José Ramón Cossío: “Con el correr de los años las diferencias entre ambos regímenes penales se han confundido. Lo que se supuso excepcional ha terminado por constituirse, si no en regla, sí al menos en una cultura operativa bastante extendida. Las debilidades del sistema de procuración de justicia han propiciado que policías y fiscales utilicen las herramientas excepcionales para combatir a los delincuentes comunes”.
Derecho penal del enemigo, lo bautizó el profesor y jurista alemán Günther Jakobs hace algunos años. Eso es lo que se aplica hoy en la justicia mexicana.
Carlos Puig
@puigcarlos
