Ayer fue asesinado el reportero Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán; periodista del portal Monitor Michoacán quien ya había recibido y denunciado amenazas de muerte. El director del portal, Armando Linares, dijo que lo habían ejecutado “tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde”.
Es el cuarto periodista en el mes de enero en tres estados de la República diferentes: Baja California, Veracruz y ahora Michoacán.
Como desde hace años, los gobiernos y las fiscalías lo “lamentan”, se comprometen a “investigar” para encontrar a los responsables, dicen que volverán a revisar los mecanismos de protección… bla, bla, bla. Y luego hay peores, como el alcalde de Zitácuaro, que ayer le dijo en MILENIO Televisión a mi compañero Héctor Zamarrón que según él Toledo no era periodista… y aun lo puso en duda cuando Héctor lo corrigió. Ya en la noche, el director de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, citando “investigaciones judiciales”, también dijo que no era periodista. En fin, así las cosas.
Estos asesinatos, que mantienen a México como uno de los países con más comunicadores asesinados, se dan en un contexto de violencia y muerte que padecen muchos mexicanos hace tiempo y que ningún gobierno ha tenido la voluntad o imaginación para resolver.
Es un círculo vicioso: buena parte de los periodistas asesinados habían investigado y publicado sobre la actividad de grupos criminales y su relación con los poderes gubernamentales locales o federales que les permiten actuar. Tengámoslo claro, mientras esa corrupta asociación entre autoridades y criminales no termine, habrá periodistas y medios exhibiéndola y por lo tanto poniendo en riesgo su vida.
Esta nueva oleada en contra de periodistas viene en tiempos de tomas de territorios completos por parte de grupos criminales, ya sea para la extorsión o el paso libre de mercancías ilegales. Y es en esos territorios donde los periodistas mexicanos están desprotegidos a merced de los asesinos.
La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión tiene una eficacia de menos de 1 por ciento en los casos que se abrieron desde su creación, hace poco más de una década. Y en la mayoría de los casos toma el camino fácil, diciendo que no pudo probar que los asesinatos o las agresiones estuvieran relacionadas con su trabajo.
Con esos niveles de impunidad no hay mecanismo que alcance.
@puigcarlos
