Con su innegable habilidad en el tema de la comunicación, el gobernador Pablo Lemus convirtió un episodio vergonzoso para las instituciones de Jalisco, en un hecho “histórico”.
El pasado 24 de septiembre, en medio de un fastuoso escenario como es el salón de ex legisladores de palacio de gobierno y acompañado de integrantes del gabinete, el mandatario estatal ofreció “disculpas” por las graves omisiones cometidas en agravio de Natividad Guerrero y otros familiares, por la desaparición de Dalia, Luis, Bernardo y Carolina 15 años atrás.
La disculpa no fue gratuita. Se trataba de cumplir la recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigidas a las Fiscalías del Estado de Jalisco y de Zacatecas, por el lamentable papel realizado tras la desaparición de las personas en septiembre de 2010.
Han pasado 15 años desde que Dalia, Luis, Bernardo y Carolina desaparecieron después de salir de Ahualulco rumbo a Estados Unidos para sus vacaciones. El último sitio del que se tuvo contacto con ellos fue en un poblado de Zacatecas mediante mensajes donde alertaban a la familia que habían sido secuestrados y solicitaban dinero por su rescate.
La Recomendación 167/2023 de la CNDH, dirigida a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Seguridad, documenta al menos 10 irregularidades: desde la pérdida de evidencias hasta la falta de coordinación interinstitucional.
La señora Natividad Guerrero reveló en su queja ante la CNDH que durante más de cuatro años y medio, la Fiscalía de Jalisco tuvo el caso en sus manos y nunca abrió una carpeta de investigación.
La CNDH estableció en su informe que los funcionarios involucrados en los primeros años de la investigación actuaron con negligencia grave y faltaron a su deber de proteger a las víctimas y sus familias. Además, recomendó medidas de reparación integral, incluyendo atención psicológica, disculpa pública, indemnización y sanción a los responsables. Sin embargo, hasta 2025, ninguna de esas medidas ha sido cumplida en su totalidad.
Con la disculpa pública ofrecida en palacio como ordenaba la recomendación, Lemus también enmendó la plana a la Fiscalía de Jalisco, tras un malogrado intento de disculpa un mes atrás.
En el acto, donde acudió el secretario de gobierno en representación del gobernador, los familiares se quejaron del trato indigno de la “disculpa”, ya que cancelaron intervenciones de colectivos y otros defensores de derechos humanos.
Pero el acto solidario del gobierno estatal, con todo y sus buenas intenciones, se quedará corto si no se subsanan los protocolos de la Comisión de Atención a Víctimas que es la que dictamina la reparación integral del daño ante la desaparición de personas.
A la señora Natividad, por ejemplo, le pidieron que acreditara los gastos que ha realizado tras 15 años de búsqueda de sus familiares y el dinero que ha destinado para mantener y alimentar a su nieto tras la desaparición de su hija y su yerno.
Si no hay comprobantes de gastos, la comisión saca promedio de gastos efectuados en impresiones de fichas, lonas, traslados y otros, para emitir un dictamen de reparación integral del daño.
No obstante, en la práctica la comisión, por ejemplo, calcula la reparación del daño con el salario mínimo de una persona a partir de la fecha desaparición y no actualiza el salario por cada año que pasa.
Y aunque se supone que cada caso es diferente, la comisión tiene un tope de 150 mil pesos por reparación de daño moral. En los pocos casos que se ha otorgado una indemnización en Jalisco, los “beneficiados” han recurrido a amparos para obligar a que sea recalculado el monto.
Si el gobierno estatal mantiene su postura de sensibilidad, tendría que seguir ofreciendo disculpas públicas sin necesidad de recomendación de la CNDH. Puede comenzar con el caso de Maximiliano Romero Meza, víctima de desaparición forzada, y que este miércoles 22 de octubre, colectivos saldrán a la calle para recordar que son cinco años de ausencia de su hogar.
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