La explosión de Tlahuelilpan de inmediato puso a México en el ojo del mundo, por la dimensión de la tragedia humana y el desastre energético que nos está rondando.
A tal grado fue el impacto del flamazo en la toma clandestina de Pemex, que ya tiene su propia entrada en Wikipedia. Ahí los autores del artículo (que todavía no está en español) resumen bastante bien lo sucedido en ese infierno en Hidalgo.
¿Qué es lo que podrían concluir quienes lean ese texto? Primero, una gran sorpresa que a nosotros ya nos parece algo normal: en 2018, en México el robo de combustibles fue de 3 mil mdd. Esto es, según datos de Pemex, el resultado del robo de 58 mil barriles de gasolina al día. La rapiña es terrible, entre asalto a pipas, las casi 13 mil tomas ilegales o el atraco desde las propias refinerías y centros de almacenamiento.
Eso nos pone al nivel de países como Nigeria, otro gigante petrolero en donde mafias organizadas y muchedumbres necesitadas roban hasta una quinta parte de la producción de crudo para refinarlo de forma clandestina. O como Indonesia, donde abundan las tomas ilegales en ductos de combustible.
Además de la lamentable muerte, hasta ahora, de más de 70 personas, hay un factor muy evidente ante ésta crisis: el deterioro de nuestra seguridad energética.
Según el Instituto Global de Energía (GEI) de la US Chamber of Commerce, México es el cuarto país en seguridad energética por debajo de Noruega, Reino Unido y EU.
Sin embargo, ésta posición podría perderse. A pesar de que uno de los 29 factores que el GEI utiliza para este listado es el monopolio que México tiene sobre sus políticas públicas, el país lleva años dilapidando sus recursos. Una advertencia es que, aunque somos ricos en recursos energéticos, parece estar prefiriendo sacrificarlos que mantenerlos o mejorarlos.
Según el GEI, se está diluyendo la ventaja que México tenía en el ranking sobre otros mercados, incluyendo los de la OCDE: en 1980 nuestra evaluación en seguridad energética era 29 por ciento mayor que los países que hoy conforman ese organismo, mientras que actualmente es solo de 7 por ciento.
El estallido del ducto no es, lamentablemente, el capítulo final de una historia de pobreza, tragedias, robos, corrupción en altas esferas de poder y malas políticas públicas.
Como dice la economista Aranda Sánchez en Nexos, para superar esta crisis social, política, económica y energética, se deben abordar los factores técnicos pero también atacar conflictos de interés sobre la industria. “Algunas entrañan consecuencias difíciles de aceptar por su falta de popularidad”, dice esta académica de la UNAM, “esta combinación de problemas es efecto del agotamiento de un modelo de organización industrial que respondía a condiciones muy diferentes a las vigentes y cualquier política que busque volver ese estadio será a todas luces un retroceso”.
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