Las medidas de confinamiento que han sido adoptadas a lo largo y ancho del planeta para combatir la pandemia del covid-19 han ido acompañadas de un efecto por demás perturbador: el marcado aumento en los índices de violencia contra mujeres y niñas. Para muchas mujeres, quedarse en casa no implica estar a salvo sino, por el contrario, quedar a merced de sus agresores. Los episodios de violencia machista al interior de los hogares se han multiplicado por doquier, poniendo en evidencia, de manera muy cruda, la realidad que enfrentan las mujeres en todas las sociedades: la de una desigualdad estructural, basada en un sistema de dominación masculina que se expresa y se perpetúa, entre otros aspectos, a través de la violencia contra ellas.
Los datos disponibles en nuestro país permiten asomarse a la dimensión de un problema que sin duda es más amplio del que puede ser medido: según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el pasado mes de marzo, 254 mujeres fueron presuntamente víctimas de homicidio doloso y 76 de feminicidio; las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar se incrementaron marcadamente en relación con el mes de febrero, llegando a las 115 mil 614 llamadas de auxilio.
La violencia contra las mujeres es una realidad que sufren en todos los ámbitos y que no se ha podido erradicar: en la calle, en el transporte público, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los servicios públicos, en los espacios digitales, en la política y también en sus hogares. La situación sanitaria ha agravado los niveles que alcanza la violencia contra las mujeres en sus propias casas, que es en dónde más seguras deberían estar. Y no solo se trata de violencia física, sino también de maltratos psicológicos y verbales, abusos emocionales y financieros, distribución inequitativa de las labores domésticas y de cuidado, comportamientos controladores, todo ello exacerbado por las tensiones emocionales y económicas que provoca la situación de emergencia, lo que además afecta el bienestar de niñas, niños y adolescentes, que son tanto destinatarios como testigos de las situaciones de violencia.
Esta clara tendencia en el aumento de la violencia intrafamiliar ha ocurrido en todas partes del mundo y ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes. Se ha hecho énfasis en la importancia de que los servicios de atención a las víctimas de violencia doméstica sean considerados como actividades esenciales que deben permanecer en funcionamiento, así como en la necesidad de que los sistemas de justicia sigan atendiendo estos casos como cuestión prioritaria.
Es fundamental dar seguimiento a los reportes, poner refugios a disposición de las mujeres y sus hijos, dictar medidas de protección, y agilizar todos los procedimientos, lo que requiere de guardias en los poderes judiciales locales. La situación de riesgo en que se encuentran miles de mujeres y niñas obliga a brindar respuestas oportunas que impidan desenlaces fatales.
Las situaciones de crisis suelen impactar diferenciadamente a las personas, amplificando las desigualdades sociales preexistentes. Así, la emergencia del coronavirus ha visibilizado un fenómeno que para muchas mujeres forma parte de su cotidianidad. Por ello, además de las medidas necesarias para hacer frente a este incremento de los casos de violencia doméstica, es fundamental seguir combatiendo las causas de la discriminación que afecta a las mujeres y niñas; combatir los estereotipos, redefinir la masculinidad, y refundar las relaciones entre mujeres y hombres bajo un paradigma de igualdad sustantiva.
Como en muchos otros aspectos de nuestra vida, tras la crisis del covid-19 no debemos regresar a la normalidad de la desigualdad y la discriminación, sino a una nueva normalidad en la que las mujeres puedan gozar de sus derechos en igualdad de condiciones; en la que puedan decidir sobre su sexualidad y su maternidad; en la que participen paritariamente en la toma de decisiones; en la que su trabajo sea retribuido igualitariamente, y en la que no sean juzgadas con una doble vara. Pero sobre todo, en la que no tengan que vivir con miedo de ser golpeadas, abusadas, agredidas y violadas, a la vuelta de la esquina, al salir de casa, o al regresar a ella.
