Nuestra Constitución impone desde hace más de 100 años el deber de abatir la desigualdad, combatir la pobreza y consolidar el desarrollo en beneficio de todas las personas. Su texto encierra la visión de un mundo distinto, en el que nadie se quede atrás, y todos puedan elegir y materializar su proyecto de vida sin las ataduras del rezago y la discriminación. Este anhelo permanece inacabado, pues las demandas de justicia social siguen insatisfechas en muchas partes del país. No hemos sido capaces de romper el ciclo de pobreza y satisfacer los reclamos de igualdad de millones de personas que permanecen en un olvido intolerable.
En México, como en otras partes del mundo, la pobreza tiene muchas caras. No sólo limita el acceso a las necesidades más básicas como salud, alimentación y vivienda. En el sistema penal se traduce en un aparato que castiga la carencia y estigmatiza a los que menos tienen. En las relaciones de género acentúa la dependencia económica de las mujeres, lo que contribuye a mantener un régimen patriarcal en el que no son verdaderamente libres. Para los pueblos y comunidades indígenas, la pobreza perpetúa desventajas históricas que les han oprimido por siglos, como la violencia, el desplazamiento forzado, la explotación de sus tierras y la discriminación.
Abatir la pobreza y alcanzar la justicia social es la gran promesa de nuestro tiempo. La Suprema Corte, como intérprete último de la Constitución, tiene una responsabilidad fundamental con esa causa. Por ello, durante mis años como ministro he impulsado la igualdad sustantiva a golpe de sentencias.
En mi primera etapa en la primera sala sentamos criterios que construyeran progresivamente un sistema penal más justo y humano, en el que el delito y la impunidad se combatieran con las armas de la democracia, como la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y el debido proceso.
Generamos una doctrina pionera en materia de igualdad de género, como la primera sentencia que reconoció la doble jornada laboral que desempeñan las mujeres que trabajan, pero que también realizan labores en el hogar, protegiendo su derecho a recibir una pensión alimenticia. Desarrollamos el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, los derechos a recibir prestaciones de seguridad social, el modelo social de la discapacidad y el derecho humano al nivel más alto posible de salud, entre muchos otros criterios de avanzada.
Cuando en 2019 asumí la Presidencia de la Suprema Corte entendí que recibía, también, una oportunidad histórica para trabajar por ese anhelo de igualdad: convertir al Poder Judicial federal en un instrumento al servicio de la gente más vulnerable de nuestro país.
En cuatro años hicimos de la Defensoría Pública un motor de cambio estructural, con la capacidad de acercar la justicia a todas las personas, especialmente a las que históricamente han sido olvidadas por los sistemas judiciales. Hoy la defensoría es un referente internacional, con abogados del pueblo que llegan a todos los rincones del país en 148 variantes lingüísticas, y que muchas veces son la última esperanza de quienes lo han perdido todo.
Desplegamos la estrategia más ambiciosa en nuestra historia para garantizar la paridad y la igualdad de oportunidades en la carrera judicial, y capacitamos intensivamente a las juezas y jueces federales con perspectiva de derechos humanos, mediante protocolos especializados en grupos vulnerables, a fin de atender las causas profundas de la desigualdad en cada uno de los casos de su competencia.
Ahora regreso a la primera sala con la satisfacción del deber cumplido. Ante todo, regreso convencido de que los cambios son posibles; de que un México justo e igualitario es posible. Un México en el que hombres y mujeres puedan alcanzar sus sueños sin importar en qué condiciones nacieron. Un país con educación, vivienda, salud, alimentación y justicia, en el que todas las personas vivan con dignidad.
Desde mi labor jurisdiccional seguiré luchando por los pobres de México. Para que la justicia y los derechos humanos dejen de ser un privilegio de las élites; para que lleguen a todas las personas y alcancen, sobre todo, a los más vulnerables.
Por ese México seguiré trabajando sin descanso, hasta el límite de mis fuerzas, y a donde quiera que me lleve la vida. No hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello.
Hasta que la justicia social —esa promesa con más de 100 años de historia— se convierta en realidad.
Arturo Zaldívar
