El pasado domingo 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió cuentas de su primer año de gobierno al pueblo de México en el Zócalo capitalino. Su mensaje fue claro: este es un gobierno de libertades, justicia y democracia. Con resultados históricos, la Presidenta confirmó que la Cuarta Transformación no busca concentrar el poder, sino consolidar una república de derechos donde la ley sirva a la gente, no a los privilegios.
Los resultados hablan por sí solos. En siete años de transformación, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza; el salario mínimo ha aumentado 135 por ciento en términos reales, y la desigualdad se ha reducido a la mitad, ubicando a México como el segundo país menos desigual del continente. A la par, la inflación se mantiene controlada, la inversión extranjera es récord y, en tan solo doce meses, los homicidios dolosos han disminuido 32 por ciento. Son cifras que reflejan una verdad innegable: el país avanza con justicia social, crecimiento y paz.
Asimismo, la presidenta Sheinbaum está devolviendo a la Constitución su sentido social y humanista. En apenas un año de gobierno ha impulsado 19 reformas constitucionales orientadas a ampliar derechos y fortalecer la justicia social: proteger a las mujeres y garantizarles una vida libre de violencias; reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; asegurar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores; consolidar derechos sociales como la educación y la vivienda; defender la soberanía nacional y la autosuficiencia energética, y preservar el maíz mexicano como patrimonio del país. Son reformas que honran el espíritu de la Constitución de 1917: poner la dignidad humana y la justicia social en el centro del Estado.
En ese marco se inscribe la reforma a la Ley de Amparo, cuyo propósito es consolidar una justicia más ágil, accesible y eficaz, evitando que este instrumento se utilice para eludir responsabilidades fiscales o frenar la acción de la ley. En coherencia con ese objetivo, la Presidenta propuso una aclaración al artículo primero transitorio de la reforma para precisar —en un gesto de responsabilidad institucional— que las nuevas disposiciones solo aplicarán hacia adelante, sin afectar etapas que ya concluyeron ni derechos adquiridos. No se trata de una injerencia, sino de un ejercicio de respeto a la división de poderes y de compromiso con la certeza jurídica.
De esta forma, el gobierno desmontó una narrativa que la oposición ha intentado sostener sin pruebas: la idea de que las reformas a la justicia que impulsa la Cuarta Transformación son un retroceso o un intento por debilitar los derechos. La verdad es exactamente la contraria. Las reformas buscan modernizar las instituciones, volverlas más eficaces y transparentes, y cerrar los espacios donde la justicia se había vuelto privilegio de unos pocos. En una democracia, la justicia no puede ser privilegio de quienes pueden pagarla o manipularla. Con la aclaración propuesta, el amparo recupera su sentido original: ser un escudo para las personas, no una trinchera de intereses particulares.
Hoy ya nadie puede sostener lo contrario: el gobierno de México no debilita las instituciones, las fortalece; no restringe derechos, los amplía. El proyecto que encabeza la Presidenta no busca imponer ni controlar, sino renovar la vida pública y devolver el poder a quien verdaderamente le pertenece: al pueblo. En esta nueva etapa de transformación, el pueblo de México es el protagonista y el motor de los cambios. Gracias a la confianza recuperada, el país avanza por una ruta de bienestar, igualdad y dignidad para todas las personas, sin distinción.
Frente a los reclamos huecos de autoritarismo, la respuesta de este gobierno es clara y serena: hechos, no discursos; derechos, no privilegios; justicia, no impunidad. La presidenta Sheinbaum ha dejado trazado el rumbo: México avanza hacia una república de los derechos donde la ley protege, donde la justicia es patrimonio común y la libertad la base de una nación más igualitaria y profundamente humana.
