El acoso sexual es una de las formas de violencia que las mujeres enfrentan todos los días, principalmente, en los ambientes laborales. Es una forma de agresión que produce daños a su salud e integridad física, psíquica y moral, las priva de oportunidades profesionales y, en general, es violatoria de sus derechos humanos.
Se trata de una manifestación de las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre mujeres y hombres. Se origina en conceptos de inferioridad o subordinación de las mujeres y constituye un obstáculo a su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.
Para erradicarlo, es necesario que todas las autoridades promuevan medidas que contribuyan a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que han dado origen a estas disparidades, así como contrarrestar los prejuicios y costumbres que se apoyen en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, en tanto todo ello legitimiza y exacerba la violencia contra la mujer.
Asimismo, es indispensable suministrar los servicios especializados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, así como velar porque las autoridades, funcionarios y personal en todas las instituciones públicas se abstengan de todo tipo de violencia contra las mujeres, estableciendo medidas de protección y acceso efectivo a procedimientos que les brinden resarcimiento.
Comprometidos con la urgencia de profundizar en las políticas públicas que aseguren una igualdad de hecho para las mujeres, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, como área administrativa encargada de proporcionar atención en los casos de acoso sexual y cualquier otro tipo de violencia de género.
Dentro de sus principales facultades están la de prevenir tales conductas; emitir protocolos de actuación para identificar y prevenir los casos de violencia de género y acoso sexual; generar acciones con perspectiva de género que garanticen al personal una vida libre de violencia; así como implementar programas de difusión para incentivar y respaldar la denuncia al acoso sexual y la violencia de género.
En el terreno de la prevención, la unidad pondrá en marcha mecanismos para detectar ambientes de acoso en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, tendrá la función de asesorar y dar seguimiento a los casos de acoso sexual y violencia de género, proporcionando atención jurídica, médica y psicológica de primer contacto para todos los casos y brindando acompañamiento para la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes.
El camino hacia la erradicación de la violencia contra la mujer ha sido lento y tortuoso. Sigue habiendo resistencias en los ámbitos públicos y privado, pero hoy, como nunca antes, las voces de las mujeres están siendo escuchadas y la posibilidad de un cambio real, que modifique la estructura de las relaciones entre hombres y mujeres, se percibe como alcanzable.
El acoso sexual y la violencia de género no son más conductas toleradas. A quienes creen que su cargo, nombramiento o jerarquía les autoriza a disponer de la dignidad de las personas que se encuentran bajo su dirección, están equivocados. Entre sus prerrogativas no está el acoso, el abuso ni el maltrato. Incurrir en tales conductas constituye una responsabilidad administrativa que puede llevar a sanciones como la destitución o la inhabilitación. Exhorto a todas las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación a denunciar a sus agresores. En la Unidad de Prevención y Combate contra el Acoso Sexual encontrarán la asesoría y el apoyo que requieran; gozarán de todo el respaldo institucional. Los procedimientos serán instaurados con pleno apego a los derechos de defensa y presunción de inocencia y ningún caso quedará impune. Que quede claro: la política en el Poder Judicial de la Federación es y seguirá siendo de cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia de género.
