Una vez más, autoridades mexiquenses demuestran que su brújula social está extraviada. A partir del 15 de octubre, los usuarios del transporte público deberán pagar 17% más por un servicio que, lejos de mejorar, sigue siendo sinónimo de incomodidad, inseguridad y precariedad, además, la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, según lo publicado por la Secretaría de Movilidad en la Gaceta de Gobierno.
Este incremento, disfrazado de “ajuste”, representa una carga desproporcionada para millones de mexiquenses que dependen del transporte colectivo para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares. En un contexto de inflación persistente, salarios estancados y servicios públicos deficientes, subir el precio del transporte castiga a los que menos tienen. Sería bueno saber si los funcionarios que firmaron este acuerdo han viajado en combi o camión últimamente, o saben lo que es esperar media hora bajo el sol o la lluvia para abordar una unidad destartalada, sin aire acondicionado, con asientos rotos y sin garantías mínimas de seguridad.
El argumento de que el alza servirá para “mejorar el servicio” ya no convence a nadie; es una promesa tan vieja como incumplida. Año tras año se autorizan aumentos sin que se vean mejoras tangibles: las unidades siguen circulando sin mantenimiento, los operadores carecen de capacitación adecuada y los usuarios continúan expuestos a asaltos y accidentes. A la postre, ¿dónde está la fiscalización? ¿Dónde están los mecanismos de evaluación y sanción para las concesionarias que no cumplen?
Este tipo de decisiones se toman sin consultar a la ciudadanía, sin transparencia y sin un plan integral de movilidad que contemple alternativas reales como el fortalecimiento del transporte masivo, la movilidad no motorizada o subsidios focalizados para los sectores más vulnerables. El transporte público no puede seguir siendo un negocio para unos cuantos a costa del sufrimiento de la mayoría.
El alza de 17% no es solo un número: es una muestra más del divorcio entre las autoridades y la realidad cotidiana de sus gobernados; es hora de exigir no solo tarifas justas, sino un transporte digno, eficiente y verdaderamente público. Porque moverse no debería ser un lujo, sino un derecho.
Rastreando
Las recientes comparecencias de cinco integrantes del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez ante el Congreso mexiquense, como parte de la glosa de su segundo informe de gobierno, reflejan un ejercicio de rendición de cuentas ordenado y transparente. Del 7 al 9 de octubre, los titulares de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Económico, Finanzas y Campo expusieron avances, retos y prioridades en sus respectivas áreas, en un formato que privilegió el diálogo institucional entre poderes
