En el Edomex los reglamentos de tránsito han sido reformados una y otra vez, siempre se presentan como la solución para reducir accidentes y ordenar la movilidad, sin embargo, la corrupción cotidiana de las corporaciones de tránsito y la ausencia de una cultura vial sólida, dinamitan cualquier norma por muy innovadora que sea. A la postre el ciudadano sabe que puede negociar una multa en efectivo, y que la sanción depende más del humor del agente que de la infracción. Frente a esa realidad, es deseable que la nueva norma en la materia que entrará en vigor el próximo 25 de noviembre, haga la diferencia.
El gobierno delfinista apuesta por reorganizar la jerarquía vial, para que peatones y ciclistas se conviertan en prioridad en el tránsito, luego que en 2024, la entidad registró al menos mil 200 muertes relacionadas con accidentes viales, siendo peatones y motociclistas las principales víctimas. Los mexiquenses saben que los reglamentos de tránsito han sido históricamente letra muerta. La corrupción cotidiana - el famoso “moche”-, convierte cualquier sanción en un ingreso extra para el servidor público, no un mecanismo de orden, en tanto que la educación vial continúa siendo mínima: peatones que cruzan sin precaución, ciclistas que circulan en sentido contrario, motociclistas que se cuelan entre autos sin respetar carriles, y automovilistas que consideran las normas como simples sugerencias.
El esquema de sanciones anunciado, resulta innovador, pero enfrenta el mismo obstáculo: la aplicación discrecional de la ley, porque es de esperar que más de un agente continúe negociando la infracción en la calle, con lo que, el sistema de rangos se convierte en algo irrelevante. Desafortunadamente la corrupción no se combate con más reglamentos, sino con instituciones sólidas y mecanismos de supervisión que eliminen la discrecionalidad.
El reglamento próximo a entrar en vigor es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá no sólo de la ciudadanía, también de la capacidad de las autoridades para aplicar sanciones sin corrupción, más inversión en infraestructura que respalde la prioridad de peatones y ciclistas, así como de mayor educación vial, desde automovilistas hasta peatones, ya que, según datos de la Secretaría de Movilidad, más del 60% de los accidentes involucran a peatones.
R a s t r e a n d o
La marcha de la llamada Generación Z fue un recordatorio de que la protesta juvenil necesita madurez política. Los símbolos y las consignas son importantes, pero sin propuestas claras y sin organización que evite la violencia, el movimiento corre el riesgo de convertirse en un espectáculo más, incapaz de incidir en el rumbo del país.
En tanto el gobierno, ausente y reactivo, ha demostrado incapacidad para pacificar el país, pese a que la inseguridad es la principal demanda ciudadana. Las cifras de homicidios y desapariciones siguen siendo alarmantes, y su estrategia no ha logrado reducir la violencia. En lugar de tender puentes con la juventud, el Estado se ha mostrado desplegando operativos de contención que terminan en enfrentamientos y detenciones, como ocurrió en esta marcha.
