Sin duda, el grave problema de nuestro país es la falta de institucionalidad, las leyes son cambiadas y modificadas al antojo de la clase política en turno, sin visión a futuro.
No sólo por el caso de Baja California, donde el actual gobernador electo por 2 años, Jaime Bonilla Valdez, busca gobernar la entidad por 5 años por encima de las leyes, creando para ello nuevas reglas de juego, que le sean a modo.
Cabe mencionar que él ganó la elección con el 50.38% de la votación, sin embargo ganó con 391 mil 101 votos de un listado nominal de de 2 millones 811 mil 75 personas, lo que en realidad representa el 13.92%.
Además, se debe agregar que tan solo votó el 29.95% de la población, es decir, el caso de Baja California es una muestra de que las elecciones en el sistema político mexicano; no dan, no otorgan legitimidad a las y los gobernantes, ésta se debe ganar gobernando.
El caso de Bonilla Valdez no es menor, porque aún no es gobernador y ya tiene el control del Congreso. Por cierto, quién aprobó su ampliación de mandato, fue la legislatura anterior, que no era de su partido.
Como en Hidalgo, donde históricamente el Congreso se había convertido en la oficialía de partes del poder ejecutivo local, como ocurrió con la legislatura anterior, quienes a escondidas y a espaldas de la sociedad aprobaron reformas para garantizar el control al ejecutivo local de dos instituciones importantes; la ausente Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia, así como el control del Congreso.
Lo preocupante es que la base de una democracia representativa, son los partidos políticos y en éste momento, son las instituciones que menos representan.
¿Crisis de partidos?, ¿Crisis de representatividad?
Sin duda alguna vivimos una crisis de representatividad y legitimidad de los partidos, quienes al llegar al poder defienden los intereses de grupo, olvidando que están para representar las causas y necesidades sociales, no los intereses de facciones o de grupos políticos.
La democracia mexicana se encuentra estancada; con una doble estructura electoral, con un sistema de partidos que debería promover e impulsar una cultura política democrática, pero que siguen sin realizar procesos internos democráticos, en donde su militancia decida a sus dirigentes y candidaturas a través del sufragio libre y directo.
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