“A mis amigos, justicia y gracia; a mis enemigos, la ley a secas”, dicen que dijo el oaxaqueño Benito Juárez.
El sistema político mexicano enfrenta desde entonces su peor mal sin haber encontrado un buen remedio y ello ha erosionado la confianza ciudadana y amenazado la estabilidad democrática: la corrupción, el influyentismo y la justicia selectiva, se entrelazan y refuerzan en nuestro México mágico y generan un círculo vicioso en el que todos, de una u otra forma, hemos sido víctimas, partícipes y hasta cómplices. La corrupción ha permeado desde las instituciones más básicas hasta las más altas esferas del poder en detrimento de la eficiencia del Estado y la justa aplicación de la ley.
Aquí está el otro tema: la justicia selectiva. Mientras quienes están a la cabeza de las estructuras políticas y económicas se pueden sustraer sin mayor empacho al sistema y evitar así ser alcanzados por el largo brazo de la ley, millones le debemos hacer frente con desconfianza hacia las instituciones judiciales, la impunidad, la corrupción y la criminalidad.
Toda la fuerza de la ley para muchos, toda la protección y más para unos cuántos. Justicia y equidad se convierten así en solo términos o palabras que resultan inalcanzables. Ahí están los casos de los llamados “delitos de cuello blanco”, esos en que incurren quienes pueden y tienen, mientras que los cometidos por personas en situación “diferente” reciben castigos severos y prolongados. Es un hecho que la desigualdad diezma el Estado de derecho y perpetúa la fragmentación social. No importa cuántas entrevistas, eventos y tribunas usen para afirmar lo contrario.
La corrupción permea particularmente en el ámbito de la burocracia y la política clientelar. Ahí se usan los recursos para mantener redes de complicidad y favores mientras el bienestar colectivo se convierte en una especie de galimatías que arrastra consigo la vida de millones de mexicanos.
Combatir la corrupción pareciera un sinsentido porque, lo dijo Nietzche, “si miras fijamente al abismo, el abismo también mirará en ti” y sabrá quién eres, cuánto ganas, dónde vives, qué haces, dónde estás, qué quieres... en respuesta recibirás lo que él quiere que ganes, tengas, hagas, vivas y quieras. Así, sin que haya oportunidad para cambiarlo. Por eso es importante que las instituciones anticorrupción cuenten con recursos suficientes y que su llevada y traída autonomía sea real y no un simple discurso. Compromiso, eso es lo que falta realmente... compromiso.
Así pues caemos en la cuenta de que la fragmentación y la desigualdad son Participación ciudadana y vigilancia social son cruciales consecuencias de esas prácticas. La pobreza y la falta de oportunidades impiden la solidez social, la desconfianza en las instituciones genera apatía y desencanto. Todo ese conjunto de “asegunes” son un riesgo real para la estabilidad y el desarrollo del país.
Si a este cúmulo de “detalles” se suma el debilitamiento del Estado y la pérdida de autoridad institucional, surge la violencia y la inseguridad, fenómenos que se alimentan de la impunidad y la corrupción.
La incapacidad del sistema político para ofrecer respuestas efectivas a estos problemas profundiza la crisis de gobernabilidad y afecta la calidad de vida de la población e inhiben la participación ciudadana, menoscaban la transparencia y enferman lo que queda de nuestra democracia.
Nuestro país, nosotros, estamos a un tris de atestiguar el incremento de la desigualdad, la violencia y la cada vez más evidente desconfianza hacia las instituciones si no hacemos algo ya todos: fortalecer las instituciones, garantizar la autonomía y recursos de los órganos de justicia y anticorrupción y promover una cultura de legalidad y transparencia es fundamental, pero la participación ciudadana y la vigilancia social también son cruciales.
¿Alguien lo duda?
