En México, revisar la normatividad que rige a los medios implica repensar los derechos de las audiencias, la pluralidad informativa y las responsabilidades compartidas. Por eso, cuando el debate se traslada al terreno normativo, debemos prestar especial atención no solo a lo que se propone cambiar, sino también a quién corresponde analizarlo.
El Instituto Nacional Electoral (INE), desde su sede en la Ciudad de México, organiza foros regionales para escuchar a concesionarios, agrupaciones, personas académicas expertas y partidos políticos sobre sus consideraciones en torno a las modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.
Los comentarios giraron en torno a cómo podrían modificarse las reglas para la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, especialmente en periodos electorales. Se busca renovar el entendimiento que existe entre autoridades, partidos políticos y concesionarios para que se logre un equilibrio entre los intereses de todos los actores y se garantice la efectividad, así como la viabilidad del modelo constitucional de comunicación político-electoral.
En ese contexto, fui invitado a participar en la mesa de reflexiones sobre los impactos para los concesionarios públicos y sociales, un espacio para compartir perspectivas desde los medios públicos estatales.
Durante el foro, uno de los temas más comentados fue la necesidad de armonizar el reglamento del INE con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Un segundo punto relevante fue el reconocimiento de que no todos los medios públicos operan bajo las mismas condiciones. Se subrayó que no es lo mismo una radio comunitaria en la Sierra que un sistema estatal con cobertura regional y recursos multianuales. Por ello, cualquier reforma al reglamento debe considerar esta diversidad, respetar la autonomía editorial y ofrecer un enfoque de acompañamiento y colaboración.
Por eso, celebro esta oportunidad. La transformación de los medios públicos en México solo será posible si se construye de forma conjunta, respetando la legalidad como la realidad cotidiana de quienes trabajamos ahí.
