El cambio de gobierno en Estados Unidos podría permitir a México recuperar su original política migratoria humanista que se vio forzado a modificar por las amenazas del presidente Donald Trump de lanzar una guerra comercial contra nuestro país.
Con el arribo del presidente Joe Biden, se podría replantear el diálogo con base en el respeto y el principio de responsabilidad compartida para acordar convenios regionales que permitan abordar el fenómeno de manera integral, no para controlar por la fuerza la migración en tránsito hacia Estados Unidos, sino como una oportunidad para impulsar el desarrollo en la región, como lo propuso en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, es coincidente la política migratoria del mandatario mexicano con la de Biden, quien siendo vicepresidente en el gobierno de Obama impulsó la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un plan de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador que, mediante la mejora de sus condiciones de vida, buscó reducir el flujo migratorio de esos países hacia Estados Unidos.
Hace dos años, el 15 de noviembre de 2018 se celebró en Houston una reunión entre el designado secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su colega estadunidense, Mike Pompeo, para conversar sobre la migración centroamericana hacia Estados Unidos y negociar un acuerdo de tercer país seguro (ATPS).
Un ATPS consiste en que México (tercer país) estaría obligado a recibir de manera segura a solicitantes de asilo expulsados por Estados Unidos (segundo país) que son originarios de una nación centroamericana (primer país) que ingresaron al territorio estadunidense a través de la frontera mexicana.
La propuesta de tercer país seguro del gobierno de Trump fue contradictoria pues consideraba que México es un tercer país seguro para recibir a solicitantes de asilo, mientras que advertía que México no es seguro para viajar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un anuncio optimista el 15 de diciembre de 2018:
“México y los Estados Unidos fortalecerán la colaboración con el sector privado y las instituciones de desarrollo para ampliar la infraestructura y generar oportunidades de empleo en el sur de México. El gobierno de México ha anunciado el mayor compromiso de desarrollo en décadas en el sur, el cual incluye $ 25 mil millones de dólares por los siguientes cinco años”.
Por su parte, los Estados Unidos, “a través de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC), estará enfocado en aumentar la inversión privada y pública en México totalizando $4.8 mil millones de dólares, incluyendo $2 mil millones para proyectos apropiados en el sur de México”.
Dos años después, los hechos comprueban que los miles de millones de dólares prometidos de cooperación estadunidense al sureste de México nunca llegaron y en cambio sí desplegamos a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.
Además, México se vio forzado a aceptar el programa Permanezca en México, parecido al ATPS, pero aplicado por Estados Unidos de manera unilateral.
El plan migratorio del presidente electo Biden de regularizar a millones de indocumentados tendría un impacto positivo para los migrantes si se llega a implementar en el Congreso.
Por ello, la llegada de Biden a la Casa Blanca representa una valiosa oportunidad de restaurar la dignidad de la comunidad mexicana, recuperar la política migratoria humanista y hacer efectivo el programa de cooperación en Centroamérica.
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@AGutierrezCanet
