Una vendedora en Torreón revisa sus pedidos, justo antes del Buen Fin. Vender en línea le ha permitido llegar a clientes que antes estaban fuera de su alcance. La pantalla brilla, los pedidos suben, la emoción crece.
Pero cuando espera que el dinero llegue, se encuentra con que la plataforma de comercio electrónico donde vende, ahora obligada por ley, ya aplicó una nueva retención de impuestos antes de transferirle su pago.
En octubre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma fiscal, aún pendiente en el Senado, que permite al SAT ver las operaciones digitales casi en tiempo real y cobrar antes de que el dinero llegue al vendedor.
En la práctica, las plataformas de comercio electrónico deben descontar un porcentaje de cada venta antes de depositar el resto. El objetivo es fortalecer la recaudación. El resultado, para miles de pequeños negocios, es otro: el gobierno cobra en tiempo real; las pymes cobran en diferido.
Es imposible caminar por cualquier ciudad de México sin notar que este país vive gracias a las micros, pequeñas y medianas empresas. Representan más del 95 % de los negocios, generan cerca del 70 % del empleo formal y aportan más de la mitad del PIB nacional.
Sin embargo, hoy muchas de ellas están atrapadas en una paradoja: cuanto más venden, menos liquidez tienen. La retención automática no es un impuesto justo: es un adelanto forzado que castiga la caja chica.
Y mientras el Estado se vuelve más rápido para recaudar, el sistema sigue siendo lento para devolver. Formalizar no debería ser lo mismo que asfixiar.
Las MiPyMEs no son cifras, son comunidades. Cada decisión fiscal tiene rostro, historia y consecuencias reales. Una política diseñada sin escuchar a quienes producen, venden y crean valor termina desconectada de la realidad que dice proteger.
En teoría, la digitalización fiscal traería eficiencia y equidad. En la práctica, repite el viejo patrón: automatizar sin empatizar. El problema no está en la tecnología, sino en el diseño de un sistema que no distingue entre un gigante corporativo y una emprendedora que vende desde su casa.
México avanza hacia la economía digital con una doble velocidad: la de la recaudación inmediata y la de la devolución diferida. Esa latencia fiscal no solo afecta a quien vende; frena la innovación, la formalización y la confianza en el propio Estado.
El desafío no es cobrar más: es cobrar mejor. El país no necesita un SAT más inteligente, sino uno más consciente del tiempo en el que viven quienes generan empleo y pagan impuestos.
